El testamento de Huenchumilla: esta era la propuesta para La Araucanía que “causó miedo” en La Moneda
El ex intendente de la Región de la Araucanía asegura que hoy iba a presentar un documento de 48 páginas, con un un conjunto de propuestas para solucionar el conflicto en la región y que criticaba los métodos policiales y judiciales. Según la ex autoridad, el gobierno le tuvo "miedo a su propuesta".
“El gobierno le tuvo miedo a la propuesta que estuve haciendo”, dijo a El Dínamo el ex intendente de la Araucanía, Francisca Huenchumilla, minutos después de que recibiera una llamada telefónica del ministro del Interior, Jorge Burgos, solicitándole la renuncia. Luego, a través de otros medios de comunicación, remató al gobierno por su trato con la región de la Araucanía: dijo que este no quiere “dialogar con nadie”, y que espera que el titular de Interior no “quiera volver a la época en la que se agarraba a palos”.
La propuesta a la que se refería el abogado de la DC, es un documento de 48 páginas al cual tuvo acceso El Dínamo, llamado “Propuesta al Gobierno respecto de la situación de la Región de la Araucanía”, en el que enfatiza desde la primera página que la “estrategia judicial y policial, usada por los distintos gobiernos desde los 90 a la fecha, está agotada”, y que el conflicto tiene un origen político y no delictual. Por eso, califica su propuesta como una “opción por la vía política” y por la “superación de la pobreza”.
En primer lugar, propone al Estado “aceptar la existencia del Pueblo Mapuche, como actor político dentro del Estado; y, consecuencialmente, del resto de los pueblos indígenas”. Y segundo, “aceptar la interpelación que le hace el pueblo mapuche en orden a la devolución de las tierras que éste le arrebató en el siglo XIX”. También llama a incorporar a los agricultores al diálogo.
A través de un proceso liderado por el Ministerio del Interior, el Estado, segun Huenchumilla, debiera reconocer la existencia de un Estado plurinacional, e incluir a los pueblos indígenas como sujetos de derechos colectivos y de derecho a la autodeterminación.
También busca crear un “Parlamento del siglo XXI” que empiece a funcionar en septiembre de 2017, integrado por los liderazgos mapuches de todos los territorios y las autoridades del Estado, con el objetivo de “iniciar una nueva relación entre el Estado, la sociedad y los pueblos originarios y específicamente el pueblo, en base a la justicia, el respeto mutuo y la paz”. Propone también, después de iniciado el parlamento, promulgar una ley de amnistía, salvo para los delitos de sangre.
A través de una comisión especial presidencial, con personas mapuches y no mapuche, la propuesta incluía una método para determinar qué personas han sido víctimas de la violencia en la región en los últimos 20 años, para dictar una ley de reparación a estas víctimas.
En cuanto a la propiedad de las tierras, propone que los predios de algunas empresas forestales sean traspasadas a comunidades mapuches, “bajo un mecanismo condicionado de destino de las plantaciones forestales, como madera y materia prima, a la gran empresa que se someta a este mecanismo”. Esto sería guiado por una comisión gubernamental.
Para abordar de mejor forma el diálogo con el pueblo mapuche, propone la creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas; la transformación de la Conadi en una suerte de Corfo Mapuche; la creación de un Parlamento de Pueblos Originarios; y la reserva de escaños dentro del Congreso Nacional.
Otros temas tratados son la oficialización del mapudungún en la novena región, y la creación de nuevas comunas en Licanray, Labranza, Icalma, Pailahueque, Puerto Domínguez, Capitán Pastene, Cajón, Queule, Barros Arana, Pillanlelbún y “otras localidades que harían más eficiente su administración y la participación de los vecinos”.
Uno de los temas más conflictivos de la región es la seguridad pública. El intendente proponía en este ámbito, tomar como base de organización al municipio y crear consejos comunales de seguridad en todas las comunas de la región.
Según Huenchumilla, su propuesta no alcanzó a ser leída por el gobierno. Sin embargo, desde la oposición critican el por qué tardó un año y cinco meses en hacerla.