CIDH acoge demanda por prohibir a ex monja lesbiana enseñar religión en colegio de Santiago
"Me dijeron que se habían enterado que era lesbiana y me exigieron que dejara mi pareja y acudiera a un psiquiatra de la Iglesia Católica. Yo me negué y nunca más pude ingresar a un aula", explicó.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió a trámite una demanda contra el Estado de Chile por prohibir a Sandra Pavez, una ex monja lesbiana, dar clases de religión en un colegio público debido a su orientación sexual.
“No puede ser que se haga callar a una persona que quiere hablar de Dios por tener una orientación sexual diferente. Lucharé hasta el final para que quede un precedente en la historia”, dijo Pavez después de que hace unos meses se le comunicara la decisión de la CIDH.
En 2007, después de 22 años impartiendo clases de religión en una escuela pública de Santiago, Pavez recibió una llamada del obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González Errázuriz. Ese fue el inicio de una pesadilla.
“Me dijeron que se habían enterado que era lesbiana y me exigieron que dejara mi pareja y acudiera a un psiquiatra de la Iglesia Católica. Yo me negué y nunca más pude ingresar a un aula”, explicó a Efe.
La iglesia se valió de un decreto creado en 1984 durante la dictadura, según el cual la institución católica tiene la potestad para decidir quien es “idóneo” para impartir clases de religión. Ser homosexual no es la única característica que según la Iglesia Católica chilena es incompatible con el ejercicio de la docencia en la educación religiosa, pues también lo serían ser madre soltera o estar divorciado.
“Es inaceptable que el Estado de Chile le otorgue herramientas a la jerarquía católica para definir quién es idóneo para impartir clases de religión en colegios públicos”, criticó el líder del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Rolando Jiménez. La organización interpuso en 2008 la demanda a la CIDH contra Chile por lo que considera un “contubernio” entre la institución religiosa y el Estado.
El pasado 21 de julio de 2015 la Comisión acogió a trámite la demanda tras considerar que la actuación del Estado de Chile vulneró distintos artículos de la Convención Interamericana como la no injerencia en la vida privada y la igualdad ante la ley.
“Creemos que este va a ser una lucha simbólica y política muy importante para América Latina y Chile. Permitirá desarmar la confabulación y vulneración de derechos en el que se hacen cómplices es Estado chileno y las jerarquías de la Iglesia Católica”, afirmó Jiménez.
