Ejército y vínculo de uniformados con AC Inversions: “No era suficiente para denunciar pues no revestía carácter de delito”
El dueño de la firma, actualmente bajo prisión preventiva, atribuyó el colapso de su esquema financiero a la salida "masiva" de militares. La fiscal del Milicogate indaga una eventual relación de los involucrados en el millonario desfalco de la ley reservada del cobre y una posible participación en la presunta estafa piramidal.
La fiscal Ximena Chong, que investiga el multimillonario desfalco de la ley reservada del Cobre por parte de efectivos del Ejército, caso conocido como Milicogate, sumó una nueva arista, que apunta al posible lavado de dinero que podrían haber realizado inversionistas de AC Inversions vinculados a esta rama de las Fuerzas Armadas.
La idea, de acuerdo planteó la persecutora según La Tercera era determinar si es que los inversionistas de AC Inversions ligados al Ejército, usaron ese negocio para esconder el origen ilícito de fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre.
Ante esto, el Ejército lanzó una declaración pública refiriéndose al caso, donde precisó que a partir de “actos ilícitos que en la actualidad se están investigando” (aparentemente se referirían al Milicogate), intensificaron sus procesos de control. Se emitieron circulares institucionales además para entregar más antecedentes “para orientar respecto a la participación en negocios que implican cierto riesgo para los ahorros, y para prevenir las consecuencias para el servicio o que lesionaran la disciplina militar, especialmente en los casos de que el personal actuara como captador, compromisos con altos niveles de endeudamiento y la potencial vulnerabilidad para las relaciones militares y de mando”.
Como el asunto fue creciendo, y “se lesionaba gravemente la disciplina militar y de relaciones de mando”, dictaron la nueva circular en enero del 2016, lo que prohibió la participación en estos negocios. La captación de los clientes para este tipo de empresas, precisan, es “particularmente incompatible con los valores, principios y deberes militares”.
Asimismo, agregan que “la información que poseía el Ejército no era suficiente para denunciar los hechos, pues no alcanzaba a revestir carácter de delito”.
Pese a esto, el Ejército aseguró que cumplió con todas las obligaciones que se le imponen a este tipo de hechos. Enviaron información al SII y a la Unidad de Análisis financiero, cuando vieron observaciones sospechosas de personas determinadas, y “no de empresas como erróneamente se ha señalado en algunas publicaciones”.
Concluyendo, el Ejército manifiesta su rechazo a cualquier acción que vulnere “el ordenamiento legal y la reglamentación vigente”, asegura que colaborará, y más encima “en caso de existir personal que hubiere incurrido en acciones que resultaren contrarias a la normativa legal o reglamentaria, el Ejército adoptará, como ya lo ha hecho, las medidas que correspondan”.
