Caso Tsunami podría terminar hoy por posible suspensión del proceso contra acusados

Es el proceso más largo del actual sistema penal chileno. El caso Tsunami estaba enfocado en investigar la eventual responsabilidad de una serie de autoridades en las muertes que generó el maremoto de la madrugada del 27 de febrero del 2010.

Finalmente no fue Solange Huerta, ex fiscal regional Occidente, quien habría sido siempre partidaria de que este caso llegara a un juicio oral, juicio que se estimaba que iba a ser el más extenso del sistema judicial de nuestro país, con más de un año de duración. Es más: este plazo se suma a la investigación que ya alcanza poco más de tres años a partir de a formalización, sin contar con todo lo anterior que ocurrió hasta la audiencia de comunicación de cargos.

El período de Huerta como fiscal regional terminó, y se notó un cambio de estilo en esta causa, la que ahora está en manos del persecutor José Luis Pérez Calaf.

Tras intensas negociaciones, en una facultad que es privativa del Ministerio Público y que se discute con –y se acepta o desecha por parte de–  las defensas, para evitar ese juicio oral, habrían accedido a una Suspensión Condicional del Procedimiento. Esto de acuerdo a Emol, podría darse a partir de las 9 de la mañana a instancias del Séptimo Juzgado de Garantía.

Esta suspensión consta en un trato con el imputado o acusado, el cual debe someterse a una serie de condiciones para que su hoja de antecedentes quede limpia (en caso de no presentar condenas previas).

Para llegara este trato, el fiscal Pérez Calaf se habría ofrecido al ex subsecretario de Interior, Patricio Rosende, el pago de 80 millones de pesos a cambio de la suspensión de su proceso. En el caso de la ex directora de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) Carmen Fernández, tendría que cancelar 40 millones de pesos.

Quien oficiara a la fecha de la catástrofe como jefe del Centro de Alerta Temprana de la Onemi, Johaziel Jamett, tendría que pagar 5 millones de pesos para concretar esta salida. En el caso de los marinos imputados en esta causa, el ex director del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), Mariano Rojas, el ex jefe de operaciones del SHOA, Andrés Enríquez, y el ex oficial de guardia del SHOA, Mario Andina, también podrán optar a esta salida pagando una compensación que se alza por los 40 millones.

Parte de este dinero se destinaría a realizar un seminario que aborde un plan de Emergencia y un Sistema de Protección Civil, que permita evitar tragedias similares.

Finalmente está en manos del Séptimo Juzgado de Garantía si es que acepta o no esta suspensión, la que ya cuenta con el manifiesto rechazo por parte de los abogados querellantes, representantes de las víctimas.