El curioso vínculo del síndico de quiebras Herman Chadwick y Lucía Hiriart

CEMA Chile, la fundación encabezada por Lucía Hiriart, viuda del dictador Augusto Pinochet, ha estado en medio de la polémica, después de que se revelara que las propiedades que gratuitamente le traspasó el Estado entre 1977 y 1989, no estaban siendo utilizadas para los fines sociales que se suponía que debía realizar.

Es en este contexto en el que el Consejo de Defensa del Estado solicitó reabrir el caso Riggs, que investiga el origen de la fortuna de Pinochet. Además, el Ministerio de Bienes Nacionales buscará antecedentes sobre los bienes que se les entregó a la fundación, los que se alzarían por sobre las 100 propiedades.

De acuerdo a un reportaje de Ciper Chile, el modelo de financiamiento de CEMA cambió con el retorno de la democracia, ya que si bien antes dependían de las subvenciones y donaciones del Estado, pasarían a obtener sus ingresos de forma casi exclusiva del arriendo y venta de esas propiedades, lo que no corresponde al haberlas recibido como donación en su calidad de fundación sin fines de lucro.

En el libro “Doña Lucía” de la periodista Alejandra Matus, se aborda extensamente esta fundación y los usos que le daba Hiriart, como por ejemplo se afirma que, con la venta de bienes inmuebles para financiar sus operaciones, los policías descubrieron que estos fondos se usaron para pagar los colegios de las hijas y nietas de Pinochet. También se contabiliza una transferencia directa de 50 mil dólares a Lucía Hiriart, para sus gastos en Londres cuando el dictador estaba detenido.

Hay períodos enteros en los que la contabilidad de la fundación ha desaparecido. En la biografía no autorizada de la viuda de Pinochet, se especifica que no existe rastro de la información que corresponde al período entre los años 1989 y 1991, justo cuando incrementó la venta de sus propiedades.

El ministro Manuel Valderrama, ahora en la Corte Suprema, abrió un cuaderno separado para investigar los traspasos de propiedades de CEMA Chile, justo después de una denuncia del empresario Manuel Cuesta contra su socio y ex amigo, Manuel Traverso.

“Una importante cantidad de propiedades de CEMA Chile fueron traspasadas a diferentes abogados al término del mando del general en jefe del Ejército Augusto Pinochet, la mayor parte a militantes de la UDI, esto fue de conocimiento de otros personeros que fueron dejados al margen de este trasvasije. Estos traspasos tenían el fin de originar una venta simulada, y albergar o esconder un patrimonio para la familia y sus personeros”, reza la denuncia que hizo Cuesta, citada en la biografía de Hiriart.

En la denuncia, Manuel Cuesta asegura que en enero del 2006 se enteró de estos hechos, porque Traverso le pidió su opinión sobre una propiedad que pretendía comprar en Carlos Valdovinos, entre los números 3017 al 3101. Cuesta recomendó no comprar los terrenos, porque habían pertenecido a CEMA Chile, y podrían tener prohibición de enajenar. Además, acotó que el precio de venta, que se alzaba por los 200 millones de pesos, era “irrisorio” comparado con el valor comercial del paño, el que en realidad debía bordear los mil 500 millones de pesos, considerando su dimensión (28 mil metros cuadrados).

Sin embargo, en marzo, Traverso lo llamó para decirle que había vendido la propiedad, y le pidió ayuda, para revenderla “rápido”, en 500 millones, pues quería comprar “las otras (propiedades) ofrecidas, cerca de 30” con el dinero que conseguiría.

Cuesta fue a una notaría a chequear la situación, y descubrió que Traverso había comprado, supuestamente, el terreno a una sociedad llamada Laelina S.A., la que la biografía de Lucía Hiriart consigna que era propiedad del síndico de quiebras Herman Chadwick Larraín, ahora en pleno centro del Caso Caval. Al menos en el papel, aparecía Chadwick comprándola a CEMA en 1995.

De acuerdo al testimonio de Cuesta, lo que habría ocurrido es que Traverso, con su abogado Alberto Ríos Mellado (también representante de Pinochet y socio del ex procurador general del régimen, Ambrosio Rodríguez), habrían fingido la compra, con la complicidad de la notaría donde se realizó la operación, para apropiarse de los terrenos. Esto se hizo confiando en que los dueños que aparecían en los documentos –o sea la sociedad de Herman Chadwick Larraín– no presentarían objeciones, ya que ellos los habían adquirido de forma fingida de manos de CEMA Chile.

En la denuncia de Manuel Cuesta figura que Traverso habría intentado aplicar la máxima “ladrón que roba a ladrón…”, al imaginar que “quienes eran los ‘garantes’ de resguardar ese patrimonio, no denunciarían el hecho para no verse afectados en la investigación del caso Pinochet.

De acuerdo a lo expuesto en “Doña Lucía”, Chadwick sí denunció, por apropiación indebida de su patrimonio. Por esto, demandó la devolución de la propiedad que estaba inscrita a su nombre –lo que finalmente habría logrado en un tribunal civil. CEMA sostuvo en el proceso que la propiedad se vendió a Chadwick, pero justamente no habría registros contables para avalar la operación.

Los funcionarios de CEMA, entre otros, la directora Julia Hormazábal, actual albacea de los bienes de la familia de Pinochet, declararon que la venta fue legal, por 200 millones de pesos, pero que eso no constaba en la contabilidad de la fundación ya que los registros de más de cinco años de antigüedad son destruidos.

Según la autora del libro, Alejandra Matus, Manuel Cuesta indicó haber sido testigo de las operaciones de Traverso, con Alberto Ríos y Ambrosio Rodríguez, que tenían por finalidad apoderarse de las propiedades que CEMA entregó a militantes UDI a comienzos de los ‘90s. Esto habría tenido por finalidad que las resguardaran para crear patrimonio para que quedara  luego en poder de la familia de Pinochet. En su declaración al libro, Cuesta deja entrever que las personas que figuran como dueños de propiedades de CEMA Chile, que después debían ser recompradas, estaban al tanto de la operación, pero después la desconocían, para permanecer con las propiedades que recibieron.

Cuesta declaró en el libro que “tengo entendido que eran más de 30 (propiedades). Estaban convencidos de que los estafados no iban a protestar, porque en el origen ellos también habían fingido la compra para crearle un montepío a los Pinochet. Pero, como suele suceder, con el paso del tiempo, mucha gente que recibe las cosas así después no las quiere devolver y nunca le estiraron la mano a la familia Pinochet”.