Isapres arriesgan aumento en judicialización de planes ante demandas por mayor cobertura de salud
Los criterios que se están “riñendo” son que la justicia ha mostrado una tendencia a fallar a favor del usuario, a causa de que el plan que se le está negando por parte de la aseguradora de salud no financia ciertas dolencias. Ha primado el derecho constitucional más que razones administrativas.
En un fallo, del 8 de abril de este año, la Corte de Apelaciones de Rancagua acogió el recurso de protección que presentó un afiliado a una Isapre, que buscaba que ésta cubriera los fármacos prescritos por el doctor a su esposa, la que padece hepatitis C y fue trasplantada el 2010.
La razón de la aseguradora privada de salud apuntaba a que los medicamentos son ambulatorios y no están en la canasta de la patología que garantiza el AUGE-GES.
Entre los antecedentes que revisó el tribunal de alzada, se contó que la efectividad del tratamiento alcanza el 98% y que además está incluido en la guía clínica de la patología, según confirmó la ministra de Salud a la Corte. A causa de esto, la justicia ordenó a la Isapre entregar este tratamiento.
Este fallo, así como en varios otros en otras cortes del país, incluso la Suprema, han favorecido a pacientes que reclaman tratamientos que muchas veces no están en los plantes contratados. El derecho que está primando en estas resoluciones judiciales es el derecho a la protección de la salud, a la vida y la integridad física, psíquica, y emocional de las personas.
“Por un lado, el seguro puede subir el precio del plan, pero por otro tienen la obligación de retribuir el contrato en los términos pactados y coberturas respectivas (…) si los tratamientos son de alto costo, ese no es un problema del afiliado y tiene que asumirlo la Isapre respectiva”, indicó un juez de la corte a La Tercera.
Uno de los abogados que ha patrocinado recursos contra las Isapres, Pedro Barría, indica que “lo que dicen las cortes es que tiene que primar el derecho constitucional a la protección de la salud, y no hay protección si no se le concede la cobertura”.
El presidente de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, dijo que ante 75 millones de prestaciones que realiza el sistema, la cifra de estos recursos no revisten aún riesgo. La situación, pese a todo, es preocupante a causa de la “ausencia de una institucionalidad que se dedique a la evaluación de tecnologías sanitarias, y que establezca cuáles deben ser absorbidas por la seguridad social y cuáles no”.
