La presidenta del Colegio de Periodistas dice que la acción de la Presidenta "no nos parece el camino más adecuado", pero que "el problema (de la publicación) es que no fue bien contrastada".
La acción judicial de Michelle Bachelet en contra de la revista Qué Pasa no ha tenido buena acogida dentro del mundo de las comunicaciones. La Asociación Nacional de Prensa aseguró que “cualquier intento de acallar a un medio constituye un acto de censura que nuestra legislación prohíbe” y la aclamada periodista Mónica González consideró la querella como “un gran error”.
Sobre este tema conversó con El Dínamo la presidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares, quien tuvo algunos matices con respecto a la publicación del medio de las transcripciones del audio que involucraba a Bachelet en el caso Caval y la posterior querella de la “ciudadana” Bachelet. “Es fácil hacer caricaturas. Se ha querido decir o dejar ver entre líneas de que aquí uno está a favor o en contra de los periodistas, de la revista o de la Presidenta. Aquí el problema es más complejo”, dijo.
“Si bien la ciudadana Michelle Bachelet tiene todo el derecho a presentar la querella, porque es una ciudadana, también entendemos que es difícil separar a esta ciudadana de su rol de Presidenta. Entonces por eso consideramos que siendo este un derecho que ella tiene y un derecho que ella ya tomó, no nos parece que haya sido el camino más adecuado o el mejor”, dijo Olivares, quien también dijo que “no nos parece bien que esta querella haya sido destinada contra los periodistas”.
Sin embargo, tuvo también una crítica a la publicación de la revista Qué Pasa que motivó a la mandataria a ejercer una acción legal. “El problema es que (la información) no fue bien contrastada y eso no lo decimos nosotros, lo dice el propio medio de comunicación. Tanto es así que deciden bajar la información del portal web aduciendo que no se condice con sus políticas editoriales. No es un problema de que la información sea o no pública o que la información haya sido obtenida de una filtración. Porque de hecho lo que se filtra ocurre, es parte de la realidad”, dice.
Y explica: “Como las filtraciones muchas veces pueden ser interesadas, deben ser contrastadas con otras fuentes periodísticas. Y eso es lo que consideramos que en este caso faltó. Pero eso es una discusión ético profesional, que se debiera dar fuera de los tribunales idealmente. Los tribunales se quedan cortos para dar esta discusión”.
Respecto a si la acción de la Presidenta puede tener un efecto negativo en la libertad de prensa, dijo: “Sería lamentable si hubiese una conducta inhibitoria a propósito de esto. Creo que lo que debiera provocar esto es fomentar el debate. Es mejorar las cuestiones legales que no están bien, como las penas corporales relacionadas a los delitos de injuria. Y por cierto generar un debate ético en la interna del periodismo de qué reportajes podemos hacer y cuánto o más válidos son”.
Acorde a la legislación vigente por delitos de injurias, el medio arriesga 7 millones de multa y los periodistas acusados, Juan Pablo Larraín, Francisco Aravena, Rodrigo Vergara y María José Tapia, arriesgan hasta 3 años de cárcel.
