Son dos situaciones que se mezclan. Por un lado están las críticas que ha recibido la ley reservada del cobre, que otorga un piso de dinero fijo a las Fuerzas Armadas –para que estas puedan proveerse de distintos elementos logísticos, entre otros armas– y estas platas provienen de lo que nuestro país percibe por venta de nuestro producto principal de exportación, el metal rojo.
Las críticas vienen por el multimillonario desfalco a estos dineros por parte de algunos efectivos del Ejército, en el caso conocido como Milicogate, en el que aún no se tiene una cuenta exacta respecto de los dineros que se habrían defraudado: la investigación está abierta y avanzando.
Ahora, el precio del cobre el año pasado cayó más del 20%, y de acuerdo a la Dirección de Presupuestos, según publica El Mercurio un 80% del total de los dineros que Codelco entregó al Estado, llegaron a las Fuerzas Armadas.
De mil 70 millones de dólares, 858 millones llegaron a las instituciones castrenses.
La ley reservada del cobre entrega el equivalente al 10% del total de las exportaciones anuales de la minera estatal a un fondo que administra el Ministerio de Defensa y del cual surgen los recursos para que las distintas ramas de las Fuerzas Armadas se financien.
Desde 1995 a la fecha, la estatal ha destinado 17 mil 456 millones de dólares a las Fuerzas Armadas por esta ley. Es una cifra marginalmente inferior a lo que hoy tiene presupuestado invertir Codelco para desarrollar sus proyectos estructurales.
El presidente del directorio, Óscar Landerretche, explicó a los diputados que si no existiera esta ley, la minera habría tenido una utilidad adicional en impuestos de cerca de 330 millones de dólares el año pasado. Con esto, se suman argumentos para que las personas pidan derogar esta ley.
