El 2012, el Movimiento de Liberación Homosexual (Movilh) demandó al Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por prohibir el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Ante esto, el mes pasado se llegó a un acuerdo donde el organismo retiaría la acción, siempre y cuando el Gobierno se comprometiera a presentar un proyecto que permitiera el matrimonio igualitario en nuestro país.
Ante esto, el diario La Tercera dio a conocer los puntos que forman parte del acuerdo que se concretó ayer, donde el Ejecutivo se comprometió a legislar en esta materia y que involucra las áreas de salud, educación, matrimonio y adopción.
De esta manera, el Estado reconocerá los hechos que dieron lugar a la denuncia presentada por el movimiento señalando que “el Estado velará para que las políticas públicas y legislación futura promuevan la dignidad de todas las personas, sin distinción por su orientación sexual e identidad de género”.
Así, se comprometió a impulsar la discusión sobre el matrimonio igualitario a partir de un acto público que se realizará a más tardar en noviembre de este año con los tres poderes del Estado. Junto con eso, la presentación de un proyecto de ley que será enviado al Congreso a más tardar el primer semestre del próximo año.
Esto, sumado a las reformas a distintas leyes con el fin de garantizar derechos filiales y de adopción en parejas del mismo sexo. Como por ejemplo, a la Ley 20.830 sobre Acuerdo de Unión Civil, para que el “conviviente que ha criado al niño o la niña sea reconocido como madre o padre, tenga o no lazos de consanguinidad” e incorporar a los convivientes civiles a la ley sobre Adopción de Menores para que puedan adoptar.
Además, se seguirá impulsando la Ley de Identidad de Género, así como las indicaciones para que las personas puedan cambiar su nombre y sexo legal mediante un trámite simple y ágil en el Registro Civil. Por otro lado, se incluirán a mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales en las políticas y programas del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, así como también incluirlas en las políticas públicas de Salud orientadas a la mujer, rediseñando el Programa de Salud Sexual, y Salud Reproductiva.
Se desarrollará una reforma a la Ley Zamudio, “de manera de superar todas las barreras que impidan prevenir y sancionar eficazmente la discriminación”.
Se revisará también el artículo 365 del Código Penal la cual establece que la edad de consentimiento sexual para los homosexuales es de 18 años, mientras que para los heterosexuales es de 14 años.
En otro punto, el Estado se comprometió a asegurar la inclusión de realidad de la diversidad sexual en el sistema educacional con la incorporación de contenidos en el Plan de Formación Ciudadana; en el Programa de Sexualidad, Afectividad y Género, y en los protocolos y cartillas sobre no discriminación del Ministerio de Educación.
