Contraloría invalida millonaria pensión de Myriam Olate y otros 10 funcionarios de Gendarmería
El organismo recordó que ya el 2012 había dejado en claro que Olate "no cumplía con los requisitos para ser imponente de Dipreca", por lo que se instruye que "esa servidora se vaya a una AFP".
El contralor general, Jorge Bermúdez, ordenó a DIPRECA iniciar el trámite de invalidación de las pensiones de 11 funcionarios de Gendarmería que fueron obtenidas “sobre la base de asignaciones improcedentes o sin cumplir todos los requisitos que la ley exige para su otorgamiento”.
Entre los afectados se encuentra la ex esposa del diputado PS Osvaldo Andrade, Myriam Olate, quien dejó la institución con una jubilación de 5,2 millones de pesos.
Según informó el organismo, “esta medida es el resultado de la primera etapa de revisión de las asignaciones que sirvieron de base a las pensiones cursadas por sobre el tope de imponibilidad de 60 UF establecido por la ley”.
Los otros involucrados son los ex funcionarios Oscar Garcés, Edita Ana Cortés, Víctor Pereira, Juan Carlos Estay, Nelson Villarroel, Gladys Ramírez, Jenny del Carmen Soto, Hernán Molina, Ingrid Fuchser y Hernán Ayala.
La Contraloría General de la República recordó que ya el pasado 20 de abril se había ordenado paralizar la aprobación de pensiones superiores a dicho límite de 60 UF y, a continuación, “ordenó revisar en detalle la legalidad de todos los componentes de las pensiones que se hubieren aprobado erróneamente con anterioridad a esa fecha”.
En el documento del organismo, se recalca que en el caso de Myriam Olate se había informado en dos oportunidades a DIPRECA que la ex esposa de Osvaldo Andrade no podía cotizar en la caja previsional que comparten Gendarmería y Carabineros.
Así, un informe del 7 de diciembre de 2012 deja en claro que Olate “no cumplía con los requisitos para ser imponente de Dipreca”, por lo que se instruye que “esa servidora se vaya a una AFP que la Superintendencia de Pensiones señalase”.
Un nuevo instructivo de Contraloría, esta vez fechado el 7 de octubre de 2014, consigna que la orden entregada a DIPRECA no se había tomado en cuenta y la ex funcionaria no fue cambiada al sistema privado de pensiones.
