El instructivo que ordenó Abbott para fijar límites a declaraciones de fiscales tras remoción en caso Corpesca

“La Ley de Pesca es una ley en cuya formación se cometieron delitos. Eso está en con un nivel de acreditación altísimo dado por la prisión preventiva. En consecuencia, en el proceso de formación de la ley hay corrupción”. Esta es una de las frases que sellaron el destino de Emiliano Arias, fiscal jefe de la región de O’Higgins, quien sustanciaba la investigación del caso Corpesca.

Estas frases, en el contexto de una entrevista en el diario La Tercera, bastaron para que la UDI saltara y comenzara a pedir la salida del fiscal, lo que posteriormente fue concretado por la máxima autoridad del Ministerio Público, el Fiscal Jorge Abbott.

No es la primera vez que Arias sale de un caso de alta connotación pública en la administración Abbott. El ex jefe de la fiscalía de Pudahuel integraba el equipo que investigaba el caso SQM, de presunto financiamiento irregular, pero tras desaveniencias con el nuevo jefe de esa causa, Pablo Gómez (quien encabeza la fiscalía regional de Valparaíso), fue removido de ese cargo, y públicamente se intentó dar la imagen de diferencias profesionales.

El punto es que después de ese episodio, Abbott intentó poner orden en sus filas, e intentó fijar criterios comunes frente a los pronunciamientos públicos de los persecutores. Según La Tercera, se habría pedido expresamente saber con anticipación el contenido de las declaraciones públicas.

Así se habría “construido” la salida de Arias de caso Corpesca. Se estableció un sumario en contra del jefe regional de O’Higgins y –como la UDI había “pedido la cabeza” de ese fiscal- Marta Herrera, jefa de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, hizo las veces de vocera y descartó presiones políticas.

“Resulta particularmente grave que se tome esta medida, invocando el artículo 64 de la ley orgánica del Ministerio Público, norma que fue modificada recientemente por la llamada Ley de ‘Agenda Corta Antidelincuencia’ y que, mal interpretada, puede sólo emplearse para privar a la opinión pública de información relevante en casos de alto interés ciudadano”, indicó en un comunicado la Asociación Nacional de Fiscales, encabezada por Claudio Uribe.

El peligro es que se está cercando cada vez más la posibilidad de que la ciudadanía pueda informarse de este tipo de causas, y que curiosamente se da en causas de alta relevancia. Estos reparos venían desde la tramitación de esta ley, cuando insistieron en que “cuando investigaciones afecten a grupos de poder, se ha de valer la presente norma para mantener desinformada a la ciudadanía”. El fundamento radica en que se “castiga” a alguien “quitándole” una causa por sus declaraciones públicas.

El punto es que la situación no se está quedando allí: de acuerdo a El Mercurio, Abbott ordenó a confección de un instructivo que se distribuirá a todos los fiscales regionales y adjuntos. “Los fiscales deberán abstenerse de emitir opiniones y dar a conocer antecedentes de investigaciones a su cargo a terceros ajenos a la investigación, fuera de los casos previstos en la ley o en las instrucciones impartidas por el Fiscal Nacional”, es parte del artículo de la ley sobre el cual se basa la estructuración de este instructivo. La misma Marta Herrera indicó que ya había instrucciones en estas materias “principalmente a los fiscales regionales y a mantener la prudencia que el cargo exige”.