La larga lista de propuestas que acumula el Gobierno para mejorar el sistema de pensiones

Se esperaba que fuera un gran “acuerdo nacional”. Sin embargo, la mesa técnico-política formada entre el Ministerio de Hacienda, Trabajo y partidos políticos para mejorar el sistema de pensiones finalizó sin esa transversalidad que pretendía lograr el Gobierno.

En un año marcado por las elecciones presidenciales y parlamentarias, el Ejecutivo corre contra el reloj no solo para crear un proyecto que vaya en la línea de aumentar las jubilaciones de la ciudadanía, sino de ingresarlo al Congreso para su discusión y eventual aprobación.

“Por mucha buena voluntad que se tenga, cosas de esta naturaleza no se resuelven mientras no tengas acuerdo en la fórmula que vas a implementar. No hay acuerdo porque al Gobierno se le está haciendo complejo poder explicarle al país que el 5% no va a ser de la gente. En el fondo no es crear un fondo solidario a la larga, es tener un impuesto”, dice Eugenio Guzmán, Decano de la Facultad de Gobierno UDD.

El tema se instaló en 2015, cuando se formó la Comisión Bravo -grupo de 24 expertos- para crear una reforma al actual sistema de pensiones. Luego de largas sesiones, el equipo entregó a La Moneda en septiembre de ese año tres propuestas globales con una batería de 58 medidas específicas.

En agosto de 2016 llegaron los planteamientos de Felices y Forrados, empresa dedicada a las asesorías financieras y previsionales. Terminar con los multifondos, regresar todo el ahorro al Fondo C, devolverle el riesgo de pérdida a las AFP y poner fin de las llamadas “comisiones fantasmas” fueron sus ideas.

Luego, en septiembre, La Moneda recibió documentos de varias organizaciones de trabajadores y de pequeños empresarios. Uno de ellos la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), entidad que planteó la idea de impulsar un sistema mixto, mientras que la Central Autónoma de Trabajadores propuso un sistema mixto pero tripartito. UNAPYME, por su parte, expresó en su informe que  la gran empresa debe aportar más que las pequeñas.

La Coordinadora NO+AFP también patentó sus planteamientos a través de un documento que entregó al Gobierno en noviembre de 2016, año marcado por movilizaciones ciudadanas que demandaban aumentar las pensiones de los jubilados.

A inicios de 2017, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) creó un informe en el que presentó 22 propuestas técnicas: aumentar la tasa de cotización total a un 16%, crear una entidad técnica de carácter permanente e independiente y aumentar la edad de jubilación de las mujeres fueron algunos de sus puntos.

Con todos esos documentos sobre la mesa, y tras siete meses de trabajo de la mesa técnico-política, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, dio por finalizadas la reuniones sin tener el apoyo que esperaban. De todas formas, el documento final de 30 páginas fue derivado a la Presidenta para que se redacte, eventualmente, un proyecto de ley.

Eugenio Guzmán señala que “el Gobierno va a tratar a toda costa de dejar ingresado algún proyecto, bajo esta lógica de cuánto cumplió y cuánto no cumplió. En esa línea, da lo mismo si lo que se envió cumple con estándares mínimos de rigurosidad o éxito político. Puede enviar una iniciativa pero de ahí a que tenga un impacto político posterior es bastante discutible”.