Multas por “platas políticas” llegan a $ 1.200 millones
Tribunales Tributarios Aduaneros emitieron los fallos, luego de que el SII decidió no seguir la vía penal. Las sanciones más altas fueron para Copec y Celulosa Arauco.
Diez empresas vinculadas a los casos Penta y SQM, en que se indagan presuntos delitos tributarios ligados al financiamiento ilegal de campañas políticas, fueron multadas por los Tribunales Tributarios Aduaneros (TTA). Todas fueron sancionadas por haber presentado declaraciones de impuestos maliciosamente falsas o incompletas.
Según informa La Tercera, el monto total de multas que deberán pagar las empresas involucradas en estas causas asciende a $1.235.851.879.
Una de las multas más altas corresponde a Celulosa Arauco, compañía que fue sancionada por un total de $351.334.088. Esta compañía es investigada en el marco del caso SQM luego de que el recaudador de la Nueva Mayoría, Giorgio Martelli, le emitiera facturas falsas por $151 millones a través de su empresa Asesorías y Negocios.
Otra de las resoluciones fue contra el Banco de Crédito e Inversiones (BCI) con una multa de $141.279.906. La cifra se calculó en base a un 150% de lo defraudado, que ascendió a $94.186.604. Esta empresa es indagada en el caso Penta, luego de que el presidente y controlador del BCI, Luis Enrique Yarur declarara que aportó dinero al candidato presidencial Laurence Golborne a través de facturas falsas.
La compañía Watt’s, por su parte, fue sancionada con $2.003.783. La compañía fue vinculada al caso Penta luego de que el empresario Tomás Carrasco declarara que mediante su firma emitió facturas falsas para apoyar el financiamiento de la campaña de Golborne.
Otras empresa multadas fueron IMBC con $ 13.401.952, Ecomac con $ 19.852.010, Banco Itaú con $ 3.798.202; Desarrollo y Servicio Melipilla con $ 12.424.152; Ripley con $ 15.754.722; y Penta Las Américas con $ 97. 427.494
Las sanciones responden a la decisión tomada por el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza, de optar la vía pecuniaria, descartando la penal, para restituir los perjuicios fiscales. El SII optó por esta vía luego de que desestimó presentar querellas por delitos tributarios tras analizar los antecedentes enviados por el Ministerio Público en los últimos dos años.
En entrevista con El Mostrador, Mauricio Daza, abogado de Fundación Ciudadano Inteligente, calificó de “simbólico” el monto total de multas que determinaron los TTA.
Según Daza, “lo que ha pretendido el SII es impedir que el Ministerio Público pueda establecer la verdad de todo lo sucedido respecto de esta verdadera red de corrupción que se concreta a través de pagos irregulares a campañas políticas, garantizando la impunidad”. Respecto al monto total de las multas, Daza agrega: “Para muchas personas $1.200 millones puede parecer una cifra muy importante, pero para estas empresas si uno analiza cuáles son las utilidades que ellos obtienen trimestralmente, año a año, la verdad es que no es un monto importante”.
“Finalmente acá se logran los dos objetivos: se cierran de manera anticipadas estas causas, no se investiga ni se esclarece completamente esta red de corrupción y además paga la empresa un monto que es más bien simbólico”, sentenció el abogado.
