Detalles de la denuncia por presiones indebidas de la jueza que renunció al caso Luchsinger Mackay
Una carta enviada a la ONU afirma que uno de los jueces a cargo del caso habría actuado "en favor del Gobierno" para así poder subir en su carrera laboral.
Semanas antes de que el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Temuco dictara el veredicto condenatorio del caso Luchsinger Mackay, la jueza Ximena Saldivia Vegas salió del caso. Se señaló que la magistrada presentó una licencia por estrés laboral, pero posteriormente, se presentó una denuncia en la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) de Temuco por acoso laboral y presiones indebidas por parte del presidente del Tribunal, Germán Varas.
Según reveló Radio Universidad de Chile, la denuncia fue ingresada a la institución el 23 de abril pasado. Si bien hasta ahora Saldivia no ha entregado declaraciones públicas, existe una carta enviada por el Observatorio Ciudadano al Relator Especial sobre Independencia de los Magistrados y Abogados de las Naciones Unidas, Diego García- Sayán, en donde se ratifican las amenazas y presiones ejercidas hacia la jueza, lo que implicaría una grave afectación a la independencia del proceso.
El Austral de Temuco tuvo acceso a la misiva escrita por José Aylwin a nombre del observatorio, la que fue enviada a las oficinas de la ONU en Suiza con carácter de “urgente”. En ella se establece que la magistrado dejó constancia de “haber sido objeto de presión indebida y acoso laboral (…) durante los cerca de dos meses que ha llevado de desarrollo el emblemático juicio“.
Las presiones ejercidas por el juez Varas contra Saldivia ya habían sido advertidas por los abogados defensores durante todo el juicio, las que “estarían relacionadas con la intención de éste (el juez Varas) de condenar a los imputados para ganar el apoyo del Gobierno actual, encabezado por el Presidente Piñera, para avanzar en su carrera funcionaria en el Poder Judicial“.
A juicio del director de la ONG Observatorio Ciudadano, el juez Varas tomó “una posición cercana al Gobierno”, y que al intervenir a favor de lograr una condena “podría significar una (falta) a la parcialidad e independencia necesaria para el ejercicio de la función judicial“.
