Senado aprobó proyecto que endurece penas al soborno y sanciona la corrupción
En la oportunidad, también se recordaron los diversos casos de corrupción y mal manejo de fondos públicos que han remecido a la opinión pública y que “han socavado las confianzas y han dañado severamente las instituciones”.
La sala del Senado aprobó en forma unánime el informe de la comisión mixta sobre el proyecto de ley que modifica el Código Penal para los delitos de cohecho y soborno, aumentando sus penas.
De esta forma, ahora solo falta que la sala de la Cámara de Diputados se pronuncie sobre el texto para que la iniciativa concluya su trámite constitucional en el Congreso y se convierta en ley.
El proyecto modifica el Código Penal y además de aumentar las penas tipifica los delitos de soborno entre particulares y de administración desleal. Además, altera la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho.
La iniciativa cuenta con urgencia de discusión inmediata, debido a la necesidad de cumplir con los compromisos internacionales respecto a elevar los estándares en la lucha contra la corrupción.
Durante el debate intervinieron el ministro de Justicia, Hernán Larraín, y los senadores Francisco Huenchumilla, Andrés Allamand, Iván Moreira, Rabindranath Quinteros, Víctor Pérez Varela, José Miguel Insulza, Isabel Allende, Carmen Gloria Aravena, Kenneth Pugh, Juan Ignacio Latorre, Luz Ebensperguer, Francisco Chahuán y Álvaro Elizalde.
Los parlamentarios coincidieron en valorar el trabajo desarrollado por la comisión mixta y el Ejecutivo, encabezado por el ministro Larraín, quien a su vez fue uno de los autores de la moción que dio origen a este proyecto que representa una aspiración transversal para elevar los estándares de nuestra legislación contra los delitos de cohecho y soborno, y también la corrupción.
En la oportunidad, también se recordaron los diversos casos de corrupción y mal manejo de fondos públicos que han remecido a la opinión pública y que “han socavado las confianzas y han dañado severamente las instituciones”.
En ese sentido, expresaron que este nuevo estatuto es una respuesta que va en el sentido correcto pues es una respuesta democrática y contundente que eleva las sanciones a quienes infrinjan las normas de probidad en la administración pública.
