Abogada que colabora en extraditación de Adriana Rivas: “Sentencias contienen suficiente material para no dudar de su participación”

Cinco años pasaron desde que la Corte Suprema chilena dictó las resoluciones para acceder a la solicitud de extradición de Adriana Elcira Rivas González (66), quien durante esta semana fue detenida en Australia.

Rivas fue sometida a proceso en febrero de 2007 en calidad de autora de los secuestros calificados de Fernando Navarro Allendes, Lincoyán Berríos Cataldo, Horacio Cepeda Marinkovic, Juan Ortiz Letelier, Héctor Véliz Ramírez, Reinalda del Carmen Pereira Plaza y del dirigente del Partido Comunista, Víctor Díaz López. Esto, en el marco del denominado Caso Conferencia, cuyos hechos se llevaron a cabo en 1976 y 1977.

“La Chani”, como era conocida Rivas, pasó de ser una novata trabajadora del Ministerio de Defensa -organismo al que ingresó como secretaria ejecutiva bilingüe- donde cumplía labores administrativos para el director de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Manuel Contreras Sepúlveda, a ser una funcionaria operativa de la Brigada Lautaro, grupo que se enfocó en desmantelar la cúpula y hacer desaparecer a militantes del PC, haciendo uso del centro de exterminio de Simón Bolívar.

Rivas logró eludir la justicia en Chile antes de ser condenada por estos delitos, escapando a Argentina y luego volviendo a Australia, país en donde residía desde finales de los años 70.

Finalmente, y tras un largo proceso administrativo en dicho país, la oficina Attorney General (fiscalía) requirió a la justicia dar curso a la extradición planteada por Chile. Un papel fundamental en este proceso judicial es el que ha cumplido la abogada chilena Adriana Navarro.

Radicada hace varios años en Sydney, Navarro relata en conversación con El Dínamo que su labor se ha centrado en prestar asistencia y ser el nexo entre los familiares de las víctimas en Chile y el sistema judicial y el gobierno australiano.

“Durante los últimos cuatro años, lo que hemos hecho es mantener viva la necesidad de extraditar a Adriana Rivas trabajando con los abogados y los familiares en Chile”, explica, detallando que la justicia en Australia no verá la culpabilidad de Rivas respecto a los procesos en que se le acusa, sino el cumplimiento del Tratado de Extradición de Canberra de 6 de octubre de 1993 entre Chile y ese país.

El caso de Adriana Rivas revivió en 2017 con el estreno del documental El Pacto de Adriana, en el que se detallaba la labor que cumplió dentro del aparato represivo de la dictadura. En esa pieza audiovisual, quienes la conocieron relatan la crueldad de sus acciones, al tiempo que Rivas defiende su inocencia respecto a los cargos que se le imputan, culpabilizando e incluso lanzando amenazas a otras exfuncionarias civiles vinculadas a violaciones a los derechos humanos.

Al respecto, Navarro asegura que existen suficientes testimonios que vinculan a Adriana Rivas a la Brigada Lautaro, que tuvo entrenamiento de inteligencia y otros durante su permanencia en dicha plataforma y que trabajó directamente bajo las órdenes del entonces capitán Juan Morales Salgado, mientras estaban en control del Cuartel Simón Bolívar.

“Ella se dedicaba a detener gente, estaba presente en las tomas de declaración, en los interrogatorios, en los que se torturaba a los detenidos, según los testimonios contenidos en las causas en Chile. Nosotros damos por hecho que la investigación que se ha realizado en Chile y las sentencias que ya han sido emitidas contra los coautores en estos crímenes contiene suficiente material como para no dudar de su participación”, detalla la abogada.

A pesar de no hacer referencia a los casos judiciales en específico, ya que no es parte de su labor como abogada en este proceso, Navarro reflexiona en torno a una de las causas emblemáticas contenidas en el procesamiento de Rivas.

“En el caso de Reinalda Pereira, ella tenía seis meses de embarazo cuando fue torturada salvajemente, según testimonios recogidos por quienes presenciaron las torturas en el Cuartel Simón Bolívar. Eso, naturalmente, a todos nos causa una repulsión, horror, el recordar estos temas y naturalmente es difícil tratarlos porque la crueldad es sin miramientos, es sin límites, y creo que Chile todavía está enfermo de eso, de ese abuso tan ilimitado de poder que existió durante la dictadura de Pinochet y si no se procesa a los culpables ellos se sienten impunes, como lo que sucedió con esta mujer. Rivas incluso se atrevió a dar entrevistas de prensa (al medio australiano SBS) en donde exaltaba su participación en la DINA, en donde reconocía y justificaba el uso de la tortura y eso simplemente hay que erradicarlo de una vez, y la única manera de hacerlo es que se lleven a todas estas personas responsables a la justicia, que sean procesados”, comenta Navarro.

En este proceso, la abogada destaca el trabajo realizado por los chilenos residentes en Australia. Al respecto, menciona que esta labor llevada a cabo por diversas organizaciones se ha centrado en “mantener muy viva la necesidad de extraditar a Rivas y no aceptar a impunidad”, a través de acciones como ‘funas’, publicaciones en redes sociales e incluso enviando cartas a los legisladores australianos para intentar agilizar el trabajo judicial. Navarro comenta además que han recibido apoyo de manera gratuita de abogados expertos en derecho internacional.

“Pensamos que este es un tema muy importante, no sólo para los familiares que siguen buscando a sus seres queridos desaparecidos, también porque como chilenos nacidos en Chile o hijos de chilenos nacidos acá pensamos que hay una deuda con nuestro país, con la sociedad chilena que se debe pagar; el esclarecimiento de todos estos crímenes. Si podemos aportar en eso, en pequeñas formas, lo hacemos”, comenta.

Por otra parte, la abogada señala que Rivas mantenía vínculos con instituciones o personas que representan a militares presos en Punta Peuco y que posee una pensión como ex funcionaria del Ejército.

Abogada Adriana Navarro. Fuente: OPAL

Plazos para el proceso de extradición

Uno de los aspectos que ha llamado la atención respecto a este caso es el tiempo que ha transcurrido desde la resolución de la Corte Suprema chilena y la detención de Adriana Rivas, considerando que ella llevaba una vida normal en Sydney trabajando como niñera.

Al respecto, medios australianos han apuntado al caso del “capitán Dragan”, un exlíder paramilitar serbio que fue extraditado en 2015 a Croacia, nueve años después de su detención en la ciudad de Perth.

La abogada Navarro explica que los casos que han tomado más tiempo en resolver la extradición son excepcionales. Pero agrega: “El tema es que aquí tenemos una situación muy inusual: este es el primer caso entre Chile y Australia, dos jurisdicciones que son muy distintas en sus sistemas legales, y además porque es un caso donde hay cargos por crímenes de lesa humanidad. Entonces, hay situaciones que podrían alargar este caso o no, porque el sistema de extradición le permite a la persona apelar o hacer revisión de estas determinaciones, pero también puede optar por no hacerlo y proceder a la próxima etapa rápidamente. Entonces, podría ser corto o podría ser bastante largo, y eso no lo vamos a saber. Y si fuera largo es porque el sistema lo permite, no hay nada excepcional”.

Respecto a las razones por la demora en la detención tras la orden de extradición, Navarro asegura que “este es un caso entre dos gobiernos y hay materias que solamente ellos las conocen. Lo que sí puedo señalar es que hay complejidades técnicas desde el punto de vista de homologar el sistema penal chileno con el australiano, porque uno de los elementos de la extradición es demostrar correspondencia entre los delitos que se alegan. Hay elementos legales complicados además de las formalidades del caso, hubo cambio de gobierno en Chile también. Desconozco todas las razones pero estas son algunas que me imagino que sucedieron”.

Francisco Ugas, abogado de algunas de las familias de las víctimas, señala que “estamos contentos por la decisión de despachar la orden de arresto y que se ha judicializado el pedimento de extradición”. Y agrega: “Pero también tomamos este paso con cautela y con prudencia, por cuanto lo que se ha iniciado es un proceso de discusión ante la judicatura australiana que conocerá los argumentos de ambas partes para ver si se cumplen los requisitos para la extradición”.

La pena asignada al delito de secuestro calificado, según el Código Penal de la época, es de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo a 20 años de presidio mayor en su grado máximo. Al respecto, Ugas explica que “considerando que ella es procesada como coautora y los delitos están consumados, además que eventualmente tendría una atenuante (irreprochable conducta anterior) y ninguna agravante, sí son 7 delitos reiterados de la misma especie (lo que permite subir la pena de uno a tres grados). Podría llegar a una pena única de presidio perpetuo”.

Al respecto, Navarro agrega que espera que la justicia en Chile “sigan manteniendo el apoyo que han dado hasta ahora a la extradición. Espero que el canciller chileno siga apoyando este caso y que respondan de manera expedita a cualquier consulta del gobierno de Australia como lo han hecho hasta ahora, porque han asistido bastante en los últimos meses”.