Abbott sale al paso de las críticas por reunión con Letelier: “Es fácil opinar desde la ignorancia o la mala fe”

El fiscal nacional Jorge Abbott salió al paso de las críticas que surgieron a raíz de su reunión con el senador Juan Pablo Letelier donde abordaron la situación de los tres ministros que fueron suspendidos de la Corte de Apelaciones de Rancagua y son investigados por presunta corrupción.

A través de una extensa carta publicada en El Mercurio, el abogado sostuvo que “es fácil opinar desde la ignorancia o desde la mala fe para quienes no son conscientes del daño que pueden causar en la reputación de las instituciones y de las personas cuando se emiten comentarios para los que no se cuenta con información completa”.

“Sería altamente recomendable que quienes suelen actuar de ese modo se manejaran con un mínimo nivel de responsabilidad, recabando todos los antecedentes y hechos relevantes antes de emitir análisis de resonancia pública”, agregó.

El jefe del Ministerio Público indicó que “eso es lo que no ha ocurrido con quienes mañosamente han intentado mezclar la reunión que sostuve con el senador Juan Pablo Letelier (…) el 19 de noviembre pasado, con las resoluciones que firmé ese día respecto de una investigación por nombramientos irregulares que involucra a magistrados de la Corte de Apelaciones de Rancagua”.

En la misiva, Abbott recapitula los hechos para explicar por qué tomó la decisión de sacar al fiscal Emiliano Arias de la indagatoria respecto a los ministros del tribunal de alzada.

Allí, precisó que “los hechos centrales para un análisis responsable refieren que el 29 de octubre de 2018, los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua Emilio Elgueta y Marcelo Vásquez presentaron una denuncia administrativa contra el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, que solo puede resolver su superior jerárquico. En dicha presentación, me fue solicitado que pidiera a la Corte Suprema la remoción del fiscal Arias”.

“Conforme a los procedimientos regulares del Ministerio Público, el 6 de noviembre pedí un informe al fiscal Arias, el que llegó el 12 de noviembre. Un día después, el fiscal Arias interpuso una recusación ante la Corte Suprema en contra de los ministros Elgueta y Vásquez, argumentando tener causa pendiente con los aludidos y porque los magistrados tendrían enemistad o resentimiento en su contra. En tales condiciones, habiendo recibido el informe del fiscal y teniendo a la vista que consideraba a los referidos ministros inhabilitados para resolver los asuntos que se relacionaran con sus causas, emití dos resoluciones“, señaló.

Fue “en una de ellas rechacé completamente la denuncia de los ministros, por no existir antecedentes que justificaran el inicio de investigación alguna en contra del fiscal Arias. Y en la otra designé al fiscal regional del Maule para seguir adelante con la investigación penal contra los ministros, considerando —además de los antecedentes expuestos— el hecho de que si eventualmente se encontrase inhabilitada toda la Corte de Apelaciones de Rancagua, el asunto pasaría a la Corte de Apelaciones de Talca, que la subroga, según las normas legales”.

De esta manera, Abbott señaló que los hechos reflejan que “por un lado, se recibió una presentación legítima para cualquier interviniente (en este caso, ministros imputados) en el marco de una investigación penal, y que, por otro, ante ella se procedió de acuerdo a las atribuciones legales que le competen a todo fiscal nacional que ejerza este cargo. Esto es, pedir informe al fiscal afectado, analizar todos los antecedentes, con apoyo del equipo jurídico, y tomar una decisión. En este marco, junto con rechazar la presentación de los ministros, y con el propósito de resguardar el más correcto ejercicio de los principios de objetividad y transparencia, se dispuso (…) que la investigación fuese liderada por otro fiscal regional, conforme a los procedimientos normales de la fiscalía“.

Al cerrar, postuló que “la toma de decisiones en el Ministerio Público no es trivial, oportunista, subjetiva ni infundada”, sino que “contempla etapas ajustadas a la normativa vigente, flujos de información y consumados tiempos de análisis antes de que se materialicen en el papel”.

“Por el contrario, los comentarios livianos e injustificados desinforman y alimentan la ignorancia, lo que a la larga puede llegar a provocar profundos daños en la confianza de la ciudadanía en sus instituciones”, finalizó.