El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) confirmó que inició Procedimientos Voluntarios Colectivos (PVC) con Lippi y Puma, con el objetivo de que ambas empresas entreguen propuestas compensatorias para los consumidores que se han visto afectados por diversos problemas tras compras en el CyberDay.
De acuerdo al servicio, se registraron retrasos en la entrega de los productos y cancelación unilateral de las transacciones por falta de stock.
En el caso de Lippi, el Sernac ha recibido más de 1.300 reclamos desde enero a junio, con un peak de incumplimientos relacionados con el CyberDay, donde la empresa se ubicó como la tercera con mayor volumen de quejas.
Durante todo el 2018 recibieron 455 casos, es decir, sólo el primer semestre 2019 ha casi triplicado la cantidad de reclamos de todo el año pasado.
Mientras que en el caso de Puma, en el mes post al evento de ventas por internet, registraron alrededor de 390 reclamos, lo que representó un aumento importante de su comportamiento promedio.
El Director Nacional del servicio, Lucas Del Villar, explicó que, a través de estas gestiones, establecidas en la nueva Ley, el organismo buscará que las empresas entreguen propuestas para compensar adecuadamente a los consumidores, así como el ajuste de sus prácticas.
“La venta a distancia se basa en la confianza de que el producto no será ‘virtual’ y llegará en el plazo y condiciones ofrecidas. Cuando no es así, se afecta la credibilidad y se produce una frustración natural en los consumidores. La ley es clara y las empresas tienen la obligación de cumplir todo lo ofrecido”, recalcó Del Villar.
Los PVC establecen plazos y requisitos para aceptar una propuesta de solución. Entre ellos, que la empresa deje de realizar la conducta; que realice las devoluciones, compensaciones o indemnizaciones que procedan; que sea una solución proporcional al daño causado que alcance a todos los consumidores afectados; y que se comprometa la forma en que se hará efectiva la solución.
Un proceso voluntario colectivo tiene una duración máxima de tres meses, prorrogable máximo hasta tres meses más por negociaciones avanzadas, necesidad de análisis de antecedentes o de las propuestas formuladas.
