Frente a la reciente movilización por parte de los camioneros y taxistas durante la semana pasada, la demanda que más se escuchó fue eliminar las recientes alzas del TAG en nuestro país, al igual que ya se hizo con el Metro de Santiago. Sin embargo, desde el mundo académico sostienen que esto aumentaría la desigualdad social en Chile.
Así lo explicó a EL DÍNAMO el académico y director del Centro de Innovación en Transporte y Logística UDP, Franco Basso, quien aseguró que “bajar los TAG a todos por igual no haría más que aumentar la desigualdad”.
“La única manera para que congelar el alza de TAG sea rentable socialmente es que el alza se elimine con dineros de la concesionaria y no con dineros del Estado. Eliminar el alza para el próximo año cuesta alrededor de US$40 millones, que significa ocho veces lo que costo eliminar la reciente alza en el Metro de Santiago”, dijo luego el experto.
Además, aclaró que esto se debe a que las estadísticas demuestran que las autopistas urbanas son utilizadas en promedio para realizar un millón de viajes al día, versus lo que sucede con Metro de Santiago, que representa cerca de tres millones de viajes por jornada.
“Luego, al analizar quiénes son los usuarios de las autopistas urbanas, obtenemos que el 40% de las personas que las utilizan se mueven por el sector oriente, que no es la zona de mayores necesidades de la ciudad. Además si uno analiza el 60% más pobre de Santiago, ellos utilizan el doble de transporte público que del privado”, complementó.
Como los recursos estatales son limitados, para Basso, “bajo ninguna circunstancia se justificaría con recursos del Estado bajar para todos el TAG”.
La propuesta
Lo que sí se podría hacer, según el especialista, para casos particulares –como pequeñas pymes o trabajadores que utilicen mucho las autopistas– es “analizar algún tipo de excepción tarifaria”, pero esta debe ser, “para quienes más lo necesiten”.
Para ello, una buena fórmula es revisar los contratos actuales entre el Estado y las concesionarias, pues estos, “generan condiciones favorables para las empresas, que deben modificarse en la ‘reorganización de contratos’ que comienza el 2023 con la Ruta 68“.
Con la revisión de contratos, el Estado tendrá dos opciones: una que el Gobierno administre las carreteras y que cobre el peaje, la otra es re licitar las concesiones para que sea un privado quien se encargue de la administración, pero con tarifas más bajas, pues la obra ya está lista y pagada.
“Hasta ahora lo que ha hecho el Estado -lo hizo con el sistema free flow– es extender los contratos. El problema de ello es que es lo mismo que poner un subsidio, cuando extienden los contratos hay mayor cantidad de tiempo para que el Estado deje de percibir estos ingresos al futuro“, criticó Franco.
