Pese al acuerdo llegado entre distintos municipios para hacer una consulta ciudadana sobre la nueva Constitución para el día 7 de diciembre, el Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel) resolvió no prestar apoyo a la iniciativa.
Ante algunas críticas suscitadas por esta determinación, el Servel salió a explicar sus razones para no prestar ayuda a la consulta, afirmando que todo responde a un problema legal.
“El Servel sólo puede organizar elecciones, plebiscitos nacionales y plebiscitos comunales y no está facultado para organizar, supervisar ni participar en consultas ciudadanas, las que, de acuerdo con la Ley de Municipalidades, son instrumentos de participación ciudadana que dependen en su completa ejecución y son de responsabilidad de la Municipalidad respectiva”, explicó el organismo a través de un comunicado.
Agregó que “lo anterior fue expresamente reconocido por los representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), quienes así lo declararon, manifestando su intención de acceder a algunas orientaciones y antecedentes de conocimiento del Servicio Electoral”.
El Servel se comprometió a la entrega de toda la información pública de procesos electorales anteriores, incluyendo los padrones electorales generados en las elecciones 2017 y el listado de locales de votación. Sin embargo, aclaró que respecto del padrón, la ley sólo permite al Servel emitirlos en caso de una elección, plebiscito nacional o plebiscito comunal vinculante, situación que no ocurre en este caso, ya que es una consulta ciudadana municipal no vinculante.
“Sólo podemos proporcionar el último padrón electoral público, que es el utilizado en la votación de las elecciones 2017 y que considera a quienes estaban habilitados para sufragar en esa fecha”, aclaró el Servel. Por ello, en la consulta sólo podrían votar los mayores de 20 años.
“El Servel está a disposición de la democracia y de las decisiones que se tomen en democracia, reafirmando su compromiso para trabajar cuando se le requiera y dentro de los marcos legales, en la organización de procesos electorales que entreguen las más altas garantías a la ciudadanía”, concluyó el organismo.
