El controvertido perfil del juez Daniel Urrutia y sus peleas en el Poder Judicial

Por estos días el juez del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, ha figurado en los medios de comunicación por sus numerosas polémicas y acciones cruzadas el Gobierno, la última de ellas con la citación a una audiencia de control de garantía al intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara.

Las discusiones entre la administración Piñera y Urrutia no son nuevas. De hecho, fue el responsable de declarar inadmisible la querella por Ley de Seguridad del Interior del Estado que la Intendencia Metropolitana presentó en contra de Dauno Tótoro, dirigente del Partido de Trabajadores Revolucionarios, acusado de “incitar al odio”, entre otros hechos.

Además se suman otras polémicas como cuando visitó la estación de Metro Baquedano para verificar la denuncia en torno a que el espacio era usado para torturar en el marco de las movilizaciones que comenzaron el 18 de octubre.

La denuncia indicaba que dentro de la estación había personas retenidas y colgadas al techo. Incluso se dijo que pedían ayuda a gritos. Finalmente, al no encontrar ningún civil en el lugar la denuncia fue desestimada.

De igual forma no fue impedimento para que Urrutia se apersonara en el lugar junto al juez Darwin Bratti. Más tarde aseguró a La Tercera que encontró dos amarras plásticas cortadas y sugirió a la PDI que fueran revisadas.

“Responsablemente podemos decir que no tenemos antecedentes de hechos como ese, pero de ocurrir deben denunciarlo a los jueces y nosotros vamos a adoptar todas las medidas habidas y por haber para saber dónde está esa persona a autoridades civiles y militares pero lo responsable es decir que ninguna persona ha denunciado esto en el Séptimo de garantía”, dijo al matutino.

Pese a toda la expectación, luego fue la propia Fiscalía Oriente quien descartó la utilización de dicha estación como centro de tortura. Según dijo el fiscal Omar Mérida, “antecedentes recabados hasta el momento permiten descartar que la 60° Comisaría de Carabineros -ubicada en Estación Baquedano-, haya sido utilizada como centro de tortura”.

A fines de octubre Urrutia denunció ser víctima de espionaje telefónico luego que su teléfono personal y el entregado por el Poder Judicial presentaron “problemas inusuales” cuando investigaba el caso de tortura en estación Baquedano.

Por ello, pidió a la Unidad de Delitos de Alta Complejidad del Ministerio Público Centro Norte periciar los aparatos, además de revisar si existió alguna solicitud amparada por la Ley de Inteligencia del Estado en torno a sus números telefónicos.

Juez Urrutia y su polémica tesis de postgrado

El abogado inició su carrera en el Poder Judicial el 2001 cuando asumió como juez del Juzgado de Letras de Freirina, dos años más tarde ocupó el mismo cargo en el Juzgado de Garantía de Ovalle y en 2004 llegó al Juzgado de Coquimbo.

Ese año el abogado de la Universidad de Chile solicitó a su empleador la autorización para asistir -en calidad de comisión de servicios- a las clases del postítulo Derechos Humanos y Procesos de Democratización que impartió su casa de estudio. Gracias a ello en la actualidad forma parte de la Red Iberoamericana de Jueces por los DD.HH..

Sin embargo, al momento de leer su tesis la Corte Suprema tuvo ciertos reparos, pues Urrutia aseguró en su escrito que dicha entidad debía “pedir perdón por su rol en la dictadura”. Por ello se le aplicó una amonestación privada, la cual fue retirada recién en 2018.

Antes, eso sí, el abogado presentó su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes indicaron que “el Estado de Chile violó las garantías judiciales, el principio de legalidad, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la protección judicial”, debido a que Urrutia no fue notificado.

Además desde su ingreso al Poder Judicial se han realizado nueve sumarios en su contra, de ellos fue sobreseído en tres ocasiones, sancionado en otras dos y tres procesos se encuentran pendientes desde el 2015. En los casos por resolver destacan una investigación por maltrato laboral y aquella por instruir a Gendarmería y el Servel la instalación de urnas para que personas en prisión preventiva pudieran votar.