Agua como bien de uso público: por qué se debatió reforma constitucional en el Senado
Según explican desde el Senado, la principal razón para votar en contra de la reforma constitucional fue que "ya está normado" este aspecto. Además sugieren que lo más pertinente sería reformar el Código de Aguas.
Por 24 votos a favor y 12 en contra -se requerían 29- la reforma que buscaba consagrar en la Constitución el agua como un bien de uso público fracasó y ya no avanzará en el Senado. Este resultado fue condenado por parte de la oposición y sembró dudas sobre cómo es considerado este recurso en las leyes nacionales.
Al respecto, una de las senadoras que votó en contra, Carmen Gloria Aravena, explicó a EL DÍNAMO que la propuesta de la oposición “es un acto político que busca hacer un punto entre los buenos y malos respecto al agua”, pero que realmente, “es un tema más complejo que estamos viendo en detalle”.
“El agua es un bien de uso público y así está normado en la Constitución. El Código de Aguas lo dice, entonces en el fondo no estaríamos haciendo nada nuevo. El Código dice que es un bien de uso público y hoy estamos mejorando esta definición. Es absurdo”, complementó luego la agrónoma de profesión.
Sobre las referencias que utilizó Aravena, la condición del agua como un bien nacional de uso público está consagrada en el Artículo N° 595 del Código Civil. “Los ríos y las aguas que corren por cauces naturales son bienes nacionales de uso público”, dice el documento.
Además el Artículo N° 5 del Código de Aguas -funciona desde 1981- afirma que “las aguas son bienes nacionales de uso público”, pero que además, “se otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas, en conformidad a las disposiciones del presente código”.
¿Por qué se debió aprobar la reforma constitucional?
Desde la oposición reclaman que justamente el último punto descrito en el Código de Aguas sería extremadamente permisivo con los privados. Así lo aseguró a EL DÍNAMO el senador Alejandro Navarro (PRO).
“Si bien el cambio de rango constitucional no va a resolver el problema de fondo -sequía- que sin duda se debe al cambio climático, entregaría la certeza de que los avances serán para todos los chilenos. Lo que garantiza la propiedad del agua es que lo invertido en recursos públicos va a quedar a favor de todos los ciudadanos”, indicó Navarro.
Además explicó que en la actualidad existen 42 leyes que consideran o hablan del agua en nuestro país, lo que a juicio del senador, “significa una enorme dispersión de ellas”, por lo que “se inició un proceso para poder establecer una nueva legislación del agua”.
“Recuperar el agua para el Estado posibilita una planificación para que este bien escaso y cada vez más valioso esté al servicio de todos y no de unos pocos. También fomentaría inversiones públicas para hacer un uso eficiente del agua, se requiere que sea propiedad del Estado, o sino, le estamos regalando dinero a los dueños de aguas a perpetuidad, a los mismos que la obtuvieron gratis”, complementó el senador.
A favor votaron Isabel Allende, Pedro Araya, Carlos Bianchi, Francisco Chahuán, Alfonso de Urresti, Álvaro Elizalde, Gido Girardi, Carolina Goic, Alejandro Guillier, Francisco Huenchumilla, José Miguel Insulza, Ricardo Lagos Weber, Juan Ignacio Latorre, Jua Pablo Letelier, Carlos Montes, Adriana Muñoz, Alejandro Navarro, Ximena Órdenes, Jorge Pizarro, Yasna Provoste, Jaime Quintana, Rabindranath Quinteros, Ximena Rincón y Jorge Soria.
En contra lo hicieron Carmen Aravena, Juan castro, Juan Antonio Coloma, José Miguel Durana, Luz Ebensperger, Alejandro García, José García, Iván Moreira, Manuel José Ossandón, Víctor Pérez, David Sandoval y Jacqueline Van Rysselberghe.
En paralelo se está reformando el Código de Aguas
Más allá de la argumentación de Navarro, Carmen Gloria Aravena insistió en que “no sólo lo rechacé porque ya se considera el agua como un bien de uso público”, sino que además, “la redacción tan amplia del proyecto de ley que votamos ayer se hacía cargo de varios elementos que ya estamos legislando en el Código de Aguas”.
“Me parece un despropósito retrotraernos cuando estamos avanzados con mejorar el Código de Aguas, que se haría cargo del caudal ecológico, de la propiedad del agua, de la caducidad por no uso, de mejorar la Dirección General de Aguas que hoy con 40 fiscalizadores para todo Chile es una vergüenza”, concluyó Aravena.
La reforma a la que se refiere Aravena ingresó en marzo del 2011 a la Cámara de Diputados bajo el Boletín N° 7543-12. Actualmente está en segundo trámite legislativo en el Senado, y según la parlamentaria, “podría concluir su tramitación en marzo de este año”.
