CPLT: Subsecretaría del Interior deberá entregar informes de Carabineros sobre caso Catrillanca
En la misma línea, cuestionó al estamento por negarse a "colaborar con la labor del CPLT, al no responder a la solicitud de entrega de dichos informes al Consejo Directivo de la entidad”.
El Consejo para la Transparencia (CPLT) ordenó a la Subsecretaría del Interior entregar los informes de Carabineros vinculados con el homicidio de Camilo Catrillanca.
El Consejo Directivo del CPLT estableció “la calidad de públicos de una serie de informes generados por Carabineros de Chile en noviembre de 2018”, que tengan relación con su muerte, por lo que dicha instancia gubernamental tendrá que entregar “dicha documentación a la persona que la solicitó vía Ley de Transparencia”.
Esto, tras acoger un amparo contra la Subsecretaría del Interior y determinando que los antecedentes solicitados “obran en poder de un órgano del Estado y desestimó que se trate de información que forma parte de una investigación penal”.
Según consignó radio Biobío, los informes de Carabineros a la Subsecretaría se concretaron “por el grado de jerarquía o dependencia de esta institución con respecto a esta instancia del Ejecutivo y no en su calidad de auxiliar del Ministerio Público en el marco de una investigación penal”.
Junto con ello, deja en claro que el contenido involucrado es un “hecho público y notorio”, ya que informan “los hechos ocurridos en el mes de noviembre de 2018, relacionados a los operativos policiales efectuados por Carabineros y a las medidas adoptadas por el General Director de la institución”.
Además, el CPLT recalcó que la Subsecretaría del Interior no dio respuesta la solicitud “dentro de los plazos legales establecidos en la Ley de Transparencia y además denegó el acceso a los antecedentes requeridos aludiendo a que la documentación formaba parte de un proceso judicial”.
En la misma línea, cuestionó al estamento por negarse a “colaborar con la labor del CPLT, al no responder a la solicitud de entrega de dichos informes al Consejo Directivo de la entidad”, buscando “ponderar el interés por acceder a la información y la necesidad de mantener su reserva, pese a ser documentos conocidos por el Senado y la Cámara de Diputados, en el contexto de la Comisión Especial Investigadora”.
