Presidente de Fiscales niega procesos indebidos con detenidos del estallido social: “Es una ofensa para el sistema de justicia chileno”
Según explicó Francisco Bravo, serían sólo alrededor de 30 personas las que permanecen en prisión preventiva y en cada uno de los casos existiría evidencia de que cometieron graves delitos.
El indulto a los detenidos del estallido social es impulsado por el PC y el Frente Amplio. ASOCIACIÓN DE FISCALES
El presidente de la Asociación de Fiscales, Francisco Bravo, abordó el proyecto de ley para indultar los detenidos en el marco del estallido social. De acuerdo a su versión, las causas no se han tramitado con una mirada política y descartó que no se haya respetado el debido proceso en cada una de ellas.
Según Bravo, “decir que en estas causas no existe un debido proceso es una ofensa para el sistema de justicia chileno“.
En esta línea, dijo que la Asociación de Fiscales no busca influir en el debate legislativo que impulsa el Partido Comunista y el Frente Amplio para indultar los detenidos del estallido; sin embargo, aclaró que “los fiscales, cuando investigamos lo hacemos sin ningún sesgo político”.
“Creo que el sistema funciona perfectamente con controles horizontales, controles verticales”, agregó Bravo en entrevista con El Mostrador.
Eso sí, reconoció que existe un atraso generalizado en el sistema procesal penal de al menos 2 años, es decir, “faltan 2 años para que el sistema judicial se ponga al día”.
Prisión preventiva de imputados
Francisco Bravo también abordó las prisiones preventivas decretadas para los imputados por desórdenes, destrozos y robos en el marco del estallido social.
Bravo negó que “cientos” de personas tengan la medida cautelar vigente como alegan desde la oposición en el Congreso. De acuerdo a las cifras que maneja, y en base lo declarado previamente por la vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, “son entre 28 y 30 personas”.
El presidente de la Asociación de Fiscales precisó que si se han extendido las medidas cautelares se ha hecho con presunciones “fundadas” de delitos graves.
“Si eso no existe, las prisiones preventivas se habrían caído hace tiempo”, indicó, sobre todo porque la prisión preventiva “puede ser permanentemente revisada en el tiempo” por los fiscales a petición de los abogados defensores.
