Sanitarias y eléctricas no realizarán cortes de servicio por no pago durante enero
Las empresas sanitarias y eléctricas decidieron extender el no corte de servicio por mora hasta fines de enero, a pesar de que la Ley de Servicios Básicos se extendía solo hasta el 31 de diciembre próximo.
Esto, mientras se extiende la discusión de la propuesta presentada por el Gobierno en el Senado. AGENCIA UNO/ARCHIVO
Este 31 de diciembre llega a su fin la Ley de Servicios Básicos, que permitió a las familias contar con su servicio de agua potable y electricidad durante la pandemia.
La ley faculta desde esa fecha a las compañías a suspender el servicio por no pago, sin embargo, las empresas agrupadas en Andess han acordado con el Ejecutivo mantener el beneficio durante el mes de enero a los hogares, mientras continúe la tramitación de la ley que busca resolver el alto endeudamiento contraído por las familias.
“Para dar tranquilidad a las 780 mil familias que hoy adeudan $174 mil millones, las empresas sanitarias que forman parte de Andess han asumido el compromiso de no realizar cortes de servicio durante el mes de enero de 2022”, afirmó la presidenta ejecutiva de Andess AG, Jessica López.
En cuanto a las iniciativas de ley hoy en discusión en el Parlamento, López sostuvo que los lineamientos presentados por el ministro Alfredo Moreno en el Senado durante la semana pasada “van en el camino correcto, en el sentido de entregar un subsidio estatal a las familias vulnerables para el pago de su deuda y normalizar la operación de la industria”.
“Ello permitirá seguir prestando los servicios con los estándares habituales, a la vez que realizar las inversiones para enfrentar el cambio climático y la sequía que nos afecta”, sentenció.
Esta postura fue seguida por la asociación gremial que reúne a las empresas eléctricas CGE, Chilquinta, Enel Distribución y Grupo Saesa, las cuales también extenderán el beneficio hasta fines de enero.
Junto con ello, instaron a “confiar que en la discusión en curso entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, el Estado establezca a la brevedad una salida viable al problema de morosidad de servicios básicos, permitiendo, por una parte, dar un alivio a las familias más vulnerables y, por otra, respetar los derechos constitucionales de todos los actores involucrados”.
