Romy Rutherford acusa a ex comandantes del Ejército de crear sistema para sustraer gastos reservados
La defensa de Cheyre apuntó al carácter “arbitrario” de su procesamiento, dando a conocer antecedentes con el cual se busca justificar que los ex comandantes en jefe del Ejército tengan acceso a los gastos reservados.
Rutherford recalcó que Cheyre debió pagar al Servicio de Impuestos Internos (SII) una suma cercana a los $20.000.000 por ingresos no declarados. AGENCIA UNO/ARCHIVO
Romy Rutherford, ministra en visita de la Corte Marcial que indaga el millonario fraude en el Ejército, los ex comandantes en jefe Juan Emilio Cheyre, Oscar Izurieta, Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo crearon un sistema concertado para hacerse con los recursos de gastos reservados, tras pasar a retiro.
La magistrada planteó esta teoría como respuesta al recurso de amparo presentado por Juan Emilio Cheyre, quien está procesado por eventual malversación de caudales públicos, al igual que todos sus sucesores.
Según indicó La Tercera, la defensa de Cheyre apuntó al carácter “arbitrario” de su procesamiento, dando a conocer antecedentes con el cual se busca justificar que los ex comandantes en jefe del Ejército tengan acceso a los gastos reservados como parte de su “derecho a seguridad” tras dejar las filas de la institución.
Ante esto, Romy Rutherford planteó que “las medidas de protección y seguridad que pudieren entregarse a los excomandante en jefe no solo en ningún caso podían corresponder a sumas de dinero en efectivo, sino que mucho menos podían ser cantidades fijas mensuales, ni provenir de gastos reservados y, además, tales medidas solo serían procedentes en caso de ser requeridas por aquellos”.
La ministra en visita precisó que Juan Emilio Cheyre reconoció “no solo que en su cargo como comandante en jefe activo dispuso la entrega de estos dineros sino, además, que los percibió mensualmente desde que se retiró de la institución el 2006 y hasta el año 2018, sin rendir nunca cuenta de ellos, por lo tanto, reconoce que tampoco justificó de modo alguno que los haya utilizado en seguridad, como en la actualidad asegura”.
“Adicionalmente, debe anotarse que también el procesado admitió que -dada la irregularidad en la percepción de tales recursos- debió pagar al Servicio de Impuestos Internos (SII) una suma cercana a los $20.000.000 por haberse establecido, respecto de estos mismos dineros, que se trataba de ingresos no declarados”, puntualizó.
