Extradición de Karen Rojo podría durar un año más si Países Bajos decide enviarla a Chile

Este jueves se realizó la audiencia de extradición de la ex alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo. La química farmacéutica está condenada a cinco años y un día de cárcel efectiva por fraude al fisco y, mientras se encuentra refugiada en Países Bajos, el Ministerio Público intenta conseguir su regreso a Chile después de que se fugara el 23 de marzo y fuera detenida el 13 de julio. 

Después de dos horas de sesión, donde no pudieron ingresar medios de comunicación ni otras personas ajenas al juicio por petición de la defensa de la ex jefa comunal, el abogado que la representa comunicó el día donde la justicia neerlandesa dará a conocer su decisión respecto a esa mediática causa. 

“Se dejó fecha para la lectura de fallo para el 8 de diciembre a las 13:00 horas y ahí se va a decir si procede o no procede la extradición, de acuerdo a lo que decida la Corte de Rotterdam”, confirmó Daniel Mackinnon.

“Se va a interponer un recurso de apelación y también lo puede interponer eventualmente la Fiscalía en la Corte Suprema si se rechaza”, agregó el defensor de Rojo respecto a estos trámites que podrían estirar el caso en prácticamente un año más si pasa al máximo tribunal del país. 

Karen Rojo participó de la audiencia y pide asilo 

Conocida la fecha de la audiencia de extradición que se concretó durante esta jornada, Karen Rojo comenzó la búsqueda de apoyo político en el país. Su entorno contactó a militantes de Evópoli para apoyarla en un caso que gran connotación pública en la Región de Antofagasta. 

Mientras eso ocurre en el norte, la ex alcaldesa se mantiene detenida en Países Bajos, donde realiza trámites para conseguir el asilo político. “Es una cárcel normal para Europa. Está recluida en un régimen cerrado. Dentro de las comodidades que tiene, está bastante bien. Está separada de los demás reclusos. Está de muy buen ánimo, está tranquila”, contó Mackinnon. 

Rojo, quien estuvo presente en la audiencia, fue condenada a cinco años y un día de cárcel efectiva luego de que la Fiscalía que lidera Cristian Aguilar comprobara que la ex jefa comunal usó dineros de la corporación municipal ($24 millones de salud y subvención escolar) para contratar al asesor comunicacional José Miguel Izquierdo con el objetivo de organizar su campaña de reelección.