Así es el proyecto de ley sobre uso de la fuerza de las policías ingresado por el Gobierno
La iniciativa legal del Gobierno complementa la Ley Naín-Retamal, promulgada recientemente.
Por Juan Pablo Ernst
Carolina Tohá sostuvo que el proyecto de ley "nos va a subir el estándar de cómo está regulada" la actividad policial. AGENCIA UNO/ARCHIVO.
El Gobierno ingresó al Congreso el proyecto de ley para establecer reglas del uso de la fuerza (RUF) por parte de la policía durante sus procedimientos.
De esta forma, el Ejecutivo cumplió con lo manifestado en tal sentido a comienzos de abril, a fin de complementar la Ley Naín-Retamal, promulgada recientemente, y que refuerza la labor de Carabineros, la PDI y Gendarmería, además de la Policía Marítima y de Aeronáutica Civil.
En concreto, la iniciativa tiene como propósito establecer normas sobre el uso de la fuerza para el personal de las mencionadas policías, así como en aquellas situaciones en que efectivos de las Fuerzas Armadas acuden a cumplir tareas de este tipo.
De acuerdo a lo indicado desde el Ministerio del Interior, a través de este proyecto se busca definir los protocolos, instrucciones, lineamientos y todos aquellos instrumentos que establecen el uso de fuerza para mantener el orden y la seguridad pública en el territorio nacional.
Estatuto jurídico
Para concretar lo anterior, se consideran los estándares actuales en las reglas del uso de la fuerza, los que son actualizados y a los que se les incorpora también aquellas recomendaciones que fueron entregadas por diversos organismos internacionales. Así, la iniciativa legal del Gobierno complementará al Código Penal, pero también al de Justicia Militar.
Al anunciar el proyecto de ley a inicios de mes, la titular del Interior, Carolina Tohá, había precisado que “nos va a subir el estándar de cómo está regulada esta materia. Donde también lo que respecta a las cámaras de video (que se usan en los procedimientos policiales) tiene enorme cabida, porque hace toda lógica que en estas reglas se establezca también un estándar, y el Estado mismo se imponga un estándar que como parte del ejercicio del uso de la fuerza haya estas garantías de transparencia en bien de todas las partes involucradas“.
La propuesta enviada por el Ejecutivo surgió del Protocolo de Acuerdo en la Comisión Mixta, que se alcanzó durante la tramitación de la reforma constitucional para la Protección de la Infraestructura Crítica.
