“Te cagué…”: supervisora del aseo fue la que advirtió que robo de computadores era una estafa

Pasado el mediodía de este viernes, Miguel Apablaza (24) y su abuela Elena Rojas (60) enfrentaron la audiencia de formalización después de ser acusados por la Fiscalía Centro Norte como implicados en el robo de 23 computadores y una caja fuerte desde las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social (Mideso).

El hombre de 24 años realizó un llamado desde la cárcel de Puente Alto y engañó a través de una videollamada al guardia de seguridad. El encargado accedió a los petitorios del delincuente al creer que el que realizó el contacto fue el ministro Giorgio Jackson, quien supuestamente había sufrido un accidente en San Bernardo por lo que tres sobrinos se trasladarían hasta las instalaciones del Mideso.

Este responsable de la vigilancia en el turno de la noche recibió a tres personas y entregó los computadores. Luego, en la conversación con Apablaza, supuestamente el secretario de Estado, la instrucción fue sacar una caja fuerte (que tiene documentos y garantías de convenios) porque iban a fumigar las oficinas.

Una de las encargadas del aseo, América, quien en principio conversó con el timador, se dio cuenta de la irregularidad, cerró la oficina de Jackson, escondió otros notebooks y tomó el teléfono para enfrentar a la persona detrás del contacto por la llamada de WhatsApp. “Mira, conchatumadre, te cagué“, respondió Apablaza y cortó la llamada. Desde ese momento el guardia se dio cuenta que cayó en un “cuento del tío”. “Se agarraba la cabeza”, relataron en la audiencia.

Medidas cautelares

Con estos antecedentes expuestos, la fiscal María José Grez presentó los cargos y las exigencias que le hará al tribunal después de ubicar a estas personas como responsables del ilícito. Como Apablaza está en prisión hasta el 11 de enero de 2027 por robo, la prisión preventiva seguirá siendo efectiva por “robo con violencia”.

Para Elena Rojas, después de su testimonio y colaboración tras ser detenida en Renca con los computadores, el Ministerio Público pidió arresto domiciliario total mientras dure la investigación que tiene un plazo de 120 días. Ella declara que su nieto la llamó para recibir una encomienda que llegó en un auto de aplicación y que no quería exponerse por tener antecedentes penales.