Corte frenó fallo que ordenó entregar nombres de testigos protegidos a la defensa del Tren de Aragua

En una decisión judicial que sorprendió al Ministerio Público y a los tribunales del país, el juez Héctor Barraza resolvió que la Fiscalía Regional de Arica debía entregar las identidades de los 56 testigos protegidos que intervinieron en el proceso que busca sancionar a los integrantes del Tren de Aragua que formaron la célula denominada “Los Gallegos”.

“No solamente estamos sorprendidos, sino que a la vez consternados por esta resolución que entendemos que va totalmente en contra de la protección que debemos dar como sistema a todos y cada uno de nuestros testigos y peritos que participan en las causas vinculadas, sobre todo delitos como el crimen organizado”, declaró el fiscal regional Mario Carrera.

“La revelación de información de testigos protegidos y de agentes que tienen esa condición es extremadamente grave… Además, se da en un contexto donde el fiscal que estaba a cargo de la causa tenía protección y estaba autorizado a comparecer telemáticamente por la naturaleza de la investigación, que no es cualquiera”, dijo el ministro de Justicia, Luis Cordero.

Frente a esta determinación, el órgano persecutor presentó un recurso en el máximo tribunal de Arica y Parinacota que, finalmente, falló en contra de lo estimado por el juez Barraza.

“La Corte de Apelaciones dio lugar a orden no innovar que pidió la Fiscalía de Arica en el recurso de protección presentado en favor de testigos protegidos con identidad reservada en la causa contra Los Gallegos… Esto suspende resolución de juez que ordenaba entregar sus nombres a las defensas”, informó la Fiscalía.

La orden que debe cumplir el juez

Además de acoger el recurso para invalidar la entrega de los nombres de los testigos que testificaron de manera incógnita por seguridad en el proceso contra estos integrantes del Tren de Aragua, la Corte de Apelaciones dejó en claro los pasos que debe seguir el juez Héctor Barraza después de la polémica resolución que entregó.

El magistrado debe despachar un informe sobre los “hechos expuestos en el recurso y el acto que se impugna en un plazo de cinco días, adjuntando todos los antecedentes que correspondan”.

“La parte que desee efectuar sus alegatos por vía remota mediante videoconferencia, deberá hacerlo hasta dos días antes de la vista de la causa, lo que no afectará el derecho de la contraria a alegar presencialmente”, agregó la última resolución.