“Indolencia estatal”: Justicia revela informe tras hallazgo de osamentas “olvidadas” en la U. de Chile

El Ministerio de Justicia y el Servicio Médico Legal (SML) dieron a conocer los resultados del informe tras el hallazgo de 89 cajas de osamentas humanas “olvidadas” en dependencias de la Universidad de Chile desde 2001, en el marco de diversas causas de derechos humanos.

Los restos humanos estuvieron más de 20 años en custodia del Departamento de Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina, por orden del fallecido juez especial para causas de DDHH, Juan Guzmán Tapia.

Todo se originó cuando Tapia pidió al Servicio Médico Legal enviar las cajas a la casa estudios, donde después se perdió el rastro.

Luis Cordero, ministro de Justicia, explicó que 65 de las cajas corresponden a material para ser objeto de pericias y otras 20 destinadas a material docente, junto con cuatro contenedores con “objetos ajenos”.

Los restos humanos fueron encontrados en el Cementerio de Concepción, Cerro Chena, Regimiento de Artillería de Linares, Pampa Dolores, Río Negro, el Cementerio de Copiapó, el Cementerio de Rahue Alto, el SML de Osorno, Calama y el ex campo de concentración de Pisagua.

A esto se suman osamentas del Patio 134 del SML, el SML de Concepción, un laboratorio en Río Bueno y restos en posesión de un médico. Por contrapartida, se desconoce el origen de 38 de estas muestras.

Comedia de equivocaciones

Todo se originó cuando el juez Juan Guzmán ordenó el envío de estos restos humanos a la Universidad de Chile y en 2011, el entonces director del SML, Patricio Bustos pidió que sean devueltas para ser periciadas.

Sin embargo, un año después el ministro Isidro Solís solicitó su retorno de la casa de estudios, lo que recién se concretó en enero de 2019.

Esto, ya que se inundó el Departamento de Medicina Legal, que generó un hongo en los restos, lo que tomó cuatro años poder limpiarlos.

Ante esto, el ministro Luis Cordero reconoció que “lo que revela el caso de las 89 cajas es una de las manifestaciones más evidentes de la indolencia estatal por más de 20 años, a vista de los ojos de distintos organismos del Estado, hallazgos de restos en investigaciones judiciales vinculadas a desaparición o ejecución de personas en crímenes de la dictadura, se encontraron albergadas sin que tuviera el Estado una posición activa para resolverlo”.

Para Cordero, esto “vuelve a reafirmar los horrores que el Estado ya cometió en el pasado. El año 2006 el Estado tuvo que reconocer los errores a consecuencia de los problemas y errores de identificación en el Patio 29. Respecto a esos asuntos, el Estado trató de corregirlas. De hecho, fue condenado por los errores que en ese momento ocurrió”.