Plan del Gobierno para prevenir endeudamiento de las personas: en qué consiste y a quiénes beneficia

El Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, presentó una propuesta con medidas que buscan prevenir el endeudamiento de las personas.

De acuerdo a cifras entregadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la carga financiera de las personas llegaba a 31,7% en promedio en marzo de este año.

En el caso de las personas con ingresos mensuales inferiores a $500.000, el endeudamiento representa más del 38%.

El escenario era aún más crítico si se remite a las personas sobreendeudadas, quienes registraban una carga financiera promedio de 66,4%. El número subía a 76,7% en el caso de aquellos con menos de $500.000 de ingreso mensual.

Para esto, anunció el Programa de Garantías de Apoyo al Sobreendeudamiento, Regulación del pago mínimo en tarjetas de crédito, Aplicación de la Ley de Fraudes y Fogaes Construcción y Vivienda

¿Cómo funciona el Programa de Garantías de Apoyo al Sobreendeudamiento?

El Programa de Garantías de Apoyo al Sobreendeudamiento busca que las instituciones financieras puedan refinanciar la deuda de las personas con un alto nivel de endeudamiento.

El nivel de endeudamiento se mide como la relación entre la deuda y el ingreso. Con la garantía estatal se espera que las condiciones de pago de las deudas refinanciadas con la institución financiera sean más favorables a las de los créditos que sustituyan.

De esta manera, se busca generar una reducción en la carga financiera mensual para personas naturales.

Requisitos para postular al Programa de Garantías de Apoyo al Sobreendeudamiento

• Que el total de la deuda sea 6 veces superior al total de los ingresos mensuales de la persona, sin considerar un crédito hipotecario y setenta veces superior si se cuenta el hipotecario.
• Esta medida está dirigida a sectores de la población con ingresos mensuales brutos inferiores a $1.500.000, por lo que la estimación es que 75.957 personas podrían acceder a ella.
• Las personas deben mantener una deuda de consumo y/o comercial. Si alguien mantiene deudas de ambos tipos en distintas instituciones financieras, los requisitos aplicarían como un consolidado y podría refinanciar con cada una.
• La persona podría refinanciar hasta UF 160 de su deuda.
• La mora debe ser inferior a 90 días.
• El Estado garantizará el 50% de la deuda refinanciada por un plazo de cuatro años.
• No podrán acceder a este programa aquellas personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

Fijar y regular el pago mínimo en tarjetas de crédito

La regulación del pago mínimo de las tarjetas de crédito tiene como finalidad que las personas conozcan el monto mínimo de pago, cómo está compuesto y a cuánto subiría si solo paga dicho monto versus el pago total facturado del mes.

El proyecto otorga la facultad a la CMF para que defina una fijación del pago mínimo que genere efectos positivos en las finanzas personales de las y los consumidores.

Al disminuir el tiempo necesario para pagar la deuda, también disminuyen los costos totales del crédito y la posibilidad de morosidad.

Aplicación de la Ley de Fraudes

El paquete de medidas para evitar el sobreendeudamiento de las personas también considera cambios a la ley de fraudes para reducir conductas negligentes o graves.

Se propone que las instituciones ejerzan acciones legales en aquellos casos donde exista información suficiente que permita presumir negligencia grave o dolo de parte del usuario que reportó como fraudulenta una transacción.

El proyecto también busca ampliar los plazos de reembolso, pasando de cinco a diez días, aumentándolos si la transacción es superior a 35 UF.

Asimismo, otorga facultades a la CMF para dictar estándares mínimos que permitan excusarse del reembolso cuando acrediten contar con mecanismos de seguridad y haya elementos para presumir el dolo.

En particular, no se permitirá desconocer transacciones realizadas entre cuentas propias ni tampoco si el usuario reconoce haber entregado sus claves.

Fogaes Construcción y Vivienda

Junto con ello, se considera la ampliación de la cobertura del Fogaes Construcción, así como la flexibilización del monto de ventas anuales para que una empresa sea elegible.

La flexibilización del monto de ventas anuales permitiría que sean elegibles empresas con ventas de menos de 100.000 UF y más de un millón UF.

Lo anterior corre en particular para aquellas empresas constructoras que trabajen en proyectos públicos donde el mandante sea el Ministerio de Vivienda, de Obras Públicas o de Salud.

También se incorpora un cambio al Fogaes Vivienda que modifica la regulación de compañías de seguro y otras, incorporando a las mutuarias como posibles sujetos de garantías.