Carlos Contreras, ex seremi de Vivienda de Antofagasta, aseguró que entregó un informe al Minvu respaldando el convenio entre el Ministerio y Democracia Viva, rechazaron la postura de Miguel Crispi, quien aseguró que conoció el caso por “un rumor”.
Y es que si bien el jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda y Carlos Montes, titular de la cartera, descartaron haber tenido conocimiento de este documento, según consigna La Segunda, este antecedente ya está en manos del Ministerio Público.
Esto, ya que el 18 de mayo, Carlos Contreras envió el cuestionado informe a la ex subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, y a Ricardo Trincado, asesor del ministro Carlos Montes y jefe nacional del Programa de Asentamientos Precarios.
En el documento, Contreras responde a los cuestionamientos de la Asociación de Funcionarios de la cartera de Antofagasta, pero sin hacer mención a su relación de amistad con Daniel Andrade, representante de Democracia Viva y pareja en ese entonces de la diputada Catalina Pérez (RD), ni tampoco a las razones para entregarle 426 millones por trato directo a la fundación.
Tras esto, el 5 de junio pasado, el asesor del ministro Montes le responde a ex seremi de Antofagasta que en su análisis “no se observa incumplimientos graves, se observa una actuación proactiva del seremi de corregir las deficiencias”.
Sin embargo, Ricardo Trincado deja en claro que su oficio no es una auditoría o los resultados de una investigación administrativa, sino que solo es un relato de los hechos.
Minvu: informe da cuenta de irregularidades
Ante este documento, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo acaró que “en el informe que remitió el jefe del Departamento de Asentamientos Precarios, Ricardo Trincado a la Subsecretaría, se concluye que existen irregulares administrativas que están siendo abordadas desde la región, en el marco del seguimiento de la Auditoría Regional y que se debe acompañar desde Nivel Central para subsanar las observaciones”.
Junto con ello, precisa que “respecto de la situación de Democracia Viva se requiere un análisis jurídico del convenio suscrito. Esta situación, por estar vinculada a un Programa del Ministerio, fue puesta en conocimiento de la Subsecretaria, quien es la jefa del Servicio y no del Ministro Montes”.
“Una vez conocido el caso por la opinión pública, el propio ministro le solicitó que participara en la clarificación de los hechos y en la construcción de alternativas de solución. Cabe señalar que por este hecho en particular existe un sumario en curso”, sentenció.
