Alcaldes se unen a parlamentarios e impulsan proyecto para ampliar la infraestructura crítica: en qué consiste la reforma

Este lunes el diputado Raúl Soto (PPD) junto a un grupo transversal de parlamentarios y los alcaldes de Puente Alto, Germán Codina, de San Bernardo, Christopher White y de Cerro Navia, Mauro Tamayo, presentaron un proyecto de reforma constitucional para ampliar el rango de acción del Estado de Excepción.

En concreto, extiende el concepto de infraestructura crítica para enfrentar la crisis de seguridad. De esta forma, el proyecto permite el uso de fuerzas especiales militares en tareas de seguridad ciudadana.

“Requerimos articular toda la capacidad del Estado en el combate contra la delincuencia“, sostuvo el diputado Raúl Soto. “El diario vivir de millones de chilenas y chilenos se ve mermado y profundamente afectado por la inseguridad y el control territorial de la delincuencia”, complementó.

Sobre la iniciativa, el parlamentario dijo que es “una alternativa para el combate contra el flagelo de la delincuencia“, por lo cual, se necesitará “un plan de capacitación y formación de la Fuerzas Armadas para trabajos de control de orden público y seguridad ciudadana y para el trabajo con la sociedad civil”.

“No es posible que cuando urge una colaboración e interoperación entre policías y Fuerzas Armadas en situaciones extremas, se esgrima como principal razón la falta de capacitación y formación de estas instituciones para tratar con civiles“, comentó el legislador.

Los detalles del proyecto de reforma

La iniciativa incorpora un inciso al Artículo 32º, numeral 21 de la Constitución, el cual expone que “también se podrá disponer el decreto fundado que establece el inciso primero del presente numeral para la protección de zonas urbanas y rurales que requieran oportuna y especial protección por razones de seguridad ciudadana”, según consigna radio BioBio.

En dicho artículo se establece: “Disponer, mediante decreto supremo fundado, suscrito por los Ministros del Interior y Seguridad Pública y de Defensa Nacional, que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la protección de la infraestructura crítica del país cuando exista peligro grave o inminente a su respecto, determinando aquella que debe ser protegida. La protección comenzará a regir desde la fecha de publicación de este decreto en el Diario Oficial”.

Es decir, se refuerza el concepto de infraestructura crítica, que está enfocado a proteger cosas, para así ampliar este término a zonas urbanas y rurales que requieran una protección especial por razones de seguridad. Y de esta manera, proteger a los ciudadanos que se encuentren en aquellos lugares.

Además, aseguran que “el ejercicio de esta atribución no implicará la suspensión, restricción o limitación de los derechos y garantías” consagrados en la Constitución.