La muerte de un bebé que agudiza el drama de las guarderías ilegales en Chile
En menos de dos meses, dos bebés han fallecido al interior de estos recintos irregulares, los cuales han tenido un gran aumento ante los altos costos, la falta de cupos y de fiscalización.
La muerte de un bebé de ocho meses en una guardería ilegal ubicada en Estación Central agudizó el complejo contexto que enfrenta el país en materia de primera infancia, el cual está relacionado con la falta de fiscalización y la poca oferta pública de jardines infantiles y salas cuna.
A raíz de lo anterior, las guarderías ilegales han tenido un explosivo y peligroso aumento en diversas comunas del país, puesto que se originan como una alternativa -o a veces la única- para las familias que no logran conseguir cupos en el sistema público, considerando también los altos costos que tienen los servicios privados.
Sin embargo, estos lugares tienen una serie de riesgos que pueden tener consecuencias fatales como lo que ocurrió este martes 6 de agosto. La cuidadora se encontraba a cargo de al menos 10 niños en su domicilio de forma irregular, cuando a eso de las 12:00 horas dejó durmiendo boca abajo al lactante y a las 13:30 lo encontró sin signos vitales.
Tras ello, se confirmó que el bebé, de nacionalidad chilena e hijo de padres dominicanos, murió producto de un paro cardiorrespiratorio y asfixia. Durante este miércoles, la mujer de 42 años que mantenía esta guardería irregular pasó a control de detención y quedó en libertad y solo citada a declarar como imputada.
Lamentablemente esta situación no es nueva, puesto que a comienzos de junio de este año, una niña de tres años también murió en uno de estos recintos al margen de la ley. La pequeña cayó desde el octavo piso de un departamento ubicado en Quinta Normal, luego de que la encargada de su cuidado la dejara sola durante 20 minutos.
Jardines infantiles colmados y extensas listas de espera
El alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, dio a conocer que la familia del bebé que falleció este martes solicitó el ingreso a un jardín infantil municipal a principios del mes de julio. Sin embargo, debido a que no se pudo concretar la inscripción del lactante por la falta de cupos, no tuvieron más remedio que llevarla a una guardería ilegal.
Con respecto a los jardines infantiles a nivel comunal, la autoridad explicó que administran nueve y que cuentan con “cupo para más de 820 niños y niñas”. No obstante, dichos recintos tienen “una lista de espera de 1.600 niños y niñas que están esperando ingresar”, dijo a Mucho Gusto de Mega.
Las razones del peligroso aumento de las guarderías ilegales en Chile
En este contexto, el defensor de la Niñez, Anuar Quesille sostuvo: “Una vez más tenemos que lamentar otra desgracia como es la muerte de un niño debido a la falta de fiscalización que enfrentan las guarderías infantiles irregulares. Se trata de un fenómeno alarmante que se origina ante la falta de cupos y el difícil acceso que presentan muchos jardines estatales, lo cual propicia la creación de este tipo de cuidados irregulares”.
Otro punto en el que hizo hincapié Quesille tiene que ver con que la Superintendencia de Educación no tiene competencia de fiscalización si estos establecimientos no se consideran de educación parvularia.
“Ante esta evidente precariedad que presenta el sistema, como Defensoría de la Niñez hemos manifestado reiteradamente que es urgente establecer una regulación para determinar un órgano estatal que tenga las capacidades para determinar el funcionamiento y fiscalización de estas guarderías, más allá de las patentes que les otorga la municipalidad correspondiente”, declaró.
A lo que agregó: “Hemos recomendado al Ejecutivo de manera urgente reglamentar y supervisar por el Ministerio de Educación, los recintos que cuiden niños que no son reconocidos como recintos educativos, tales como los after school y las guarderías, de tal manera de exigir a estos contar con los estándares de cuidados que requieren, sino seguiremos lamentando tragedias como la sucedida ayer en Estación Central”.
Sumado al déficit de cupos que existe en los establecimientos públicos, otra agravante apunta a la limitada extensión horaria que ofrece el sistema.
“Existe una falta de oferta pública para cubrir las necesidades de las familias. Además, dentro del sistema educativo parvulario existen pocos programas con extensión horaria para dar respuesta a los requerimientos de la familia”, aseguró a EL DÍNAMO, Katherine Valle, presidenta nacional de Aprojunji.
Por otra parte, Valle explicó que “la legislación actual además es débil en supervisión de estos lugares informales para atender a niños y niñas. Lo que hace que existan y se implementen”.
El factor económico
El costo de las guarderías y jardines infantiles regulados es otro punto que juega un rol importante en el incremento de guarderías ilegales y de los padres que acuden a ellas.
Un estudio elaborado por Pluxee concluyó que los valores mensuales de jardines infantiles y salas cuna anotaron una alza de 4,5% en 2024 en comparación con el año pasado. En este sentido, se reveló que el costo mensual promedio es de $460.877 en el caso de las salas cunas y de $385.732 para los jardines infantiles.
Dicha cifra es un precio bastante elevado en comparación con lo que cobran las guarderías clandestinas. Un ejemplo de ello, es el caso de Roxana, de la comuna de Macul, quien hasta el año pasado trabajó cuidando niños en su departamento.
La mujer dijo a EL DÍNAMO que llegó a estar a cargo de 10 niños y aseguró que ofrecía su servicio por $150 mil al mes por tiempo completo (desde las 7:30 hasta las 19:30 horas) y $100 mil por media jornada de lunes a viernes.
Diputadas exigen mayor fiscalización por incremento de guarderías irregulares
Luego de que se diera a conocer el fallecimiento del bebé de ocho meses en Estación Central, las diputadas Carla Morales (RN) y Karen Medina (IND) solicitaron formalmente al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y a la Subsecretaría de Educación Parvularia información sobre la seguridad y condiciones de las guarderías y jardines infantiles en Chile.
Bajo este contexto, las legisladoras recalcaron que estos recintos al margen de la ley carecen del personal calificado necesario para garantizar un cuidado seguro y adecuado.
“Estas instalaciones no cumplen con los estándares de higiene ni con el equipamiento necesario, lo que resulta en condiciones precarias y peligrosas”, dijo Medina. A lo que añadió: “Es alarmante que estas situaciones sigan ocurriendo debido a la falta de supervisión y control por parte del Estado”.
“Muchos padres no tienen otra opción que recurrir a estas guarderías clandestinas debido a su condición económica, pero el riesgo para sus hijos es inaceptable”, enfatizó la diputada Medina.
Por su parte, Carla Morales manifestó: “El Estado tiene la responsabilidad de establecer un marco legal claro y desarrollar mecanismos efectivos de fiscalización”.
Para cerrar, plantearon la necesidad de crear programas para reubicar a los niños que actualmente se encuentran en guarderías ilegales en establecimientos seguros y legales.
“Es fundamental que todas las familias tengan acceso a opciones de cuidado infantil que garanticen la seguridad y el bienestar de sus hijos”, concluyó la diputada Medina.