“Confianza legítima”: el primer conflicto de Dorothy Pérez en Contraloría y que puso en estado de alerta a empleados públicos y al Congreso

Dorothy Pérez oficialmente inició este viernes sus funciones como nueva contralora general de la República, en un acto que fue liderado por el presidente Gabriel Boric y otras autoridades, y ya enfrenta su primer conflicto en el cargo, luego que dictaminara que el organismo debía abstenerse en la discusión de “confianza legítima” de los trabajadores a contrata del sector público y que esta debiera ser dirimida por los tribunales.

Con esto, derribó uno de los principales acuerdos concretados por Jorge Bermúdez, con quien tuvo públicos desencuentros, que establecía que si a un funcionario se le renovaba la contrata por más de dos años, gozaba de la “confianza legítima” de seguir en su puesto en los próximos años y así ayudar a la estabilidad laboral en el empleo público.

Sin embargo, Dorothy Pérez estableció ahora que los casos de despido de un trabajador fiscal tras dos años a contrata deberá resolverse en el Poder Judicial, específicamente en la cuestionada Tercera Sala de la Corte Suprema, que vio la destitución de dos de sus miembros: Ángela Vivanco y Sergio Muñoz.

ANEF, expertos y parlamentarios contra Dorothy Pérez

Ante esta situación, desde ANEF dejaron en claro que están en estado de alerta y no descartan eventuales movilizaciones para intentar revertir el dictamen de la nueva contralora, acusando que quedarán expuestos a despidos arbitrarios.

José Pérez Debelli, presidente de la organización sindical, recalcó que “estamos en estado de alerta. Esto es el inicio de varias movilizaciones. Si esto no se revierte esta medida, estamos disponibles para avanzar a una huelga general”.

“La Contraloría debe fiscalizar y regular, lo que nos parece correcto, pero no puede atentar contra los derechos de las y los trabajadores públicos”, aseveró el líder de la ANEF.

Por su parte, la senadora Yasna Provoste (DC) instó a la “nueva contralora a que reconsidere su decisión de limitar la defensa de la confianza legítima de los funcionarios públicos solo a tribunales”, agregando que “esta medida precariza la función pública y afecta la estabilidad de quienes sirven al país”.

Esta postura fue refrendada por la abogada María Jaraquemada, integrante del Consejo para la Transparencia, que expresó que “esto va a complejizar aún más la ya desvirtuada situación del empleo público y tengo poca fe que una reforma legal vea la luz pronto. Se precariza excesivamente el empleo público y se hace aún más voluble al patronazgo”.

En tanto, Óscar Olivares, abogado y profesor investigador de la Universidad Autónoma de Chile, cuestionó en Emol que con el dictamen de Contraloría se “restringe el derecho del empleado a contrata de acceder a una vía de reclamación administrativa concedida legalmente y que demostró ser efectiva en la práctica, obligándolos a recurrir a tribunales, con todo lo que ello implica”.

“En mi opinión, el dictamen de Dorothy Pérez vulnera la igualdad ante la ley y la libertad de trabajo, otorgándole carta blanca a las reparticiones públicas para cesar a aquellos funcionarios que no sean de su agrado”, recalcó Olivares.

En la vereda contraria, la jefa de la bancada de diputados de RN, Ximena Ossandón, defendió el accionar de la contralora Dorothy Pérez, aseverando que “es verdad que hay que dar estabilidad laboral a los funcionarios públicos, pero no es menos cierto que esta es una buena noticia si tenemos a la vista como este Gobierno ha usado el empleo publico de manera abusiva e inaceptable”.

Ante esta situación, la Comisión del Trabajo de la Cámara Baja, presidida por Luis Cuello (PC) citó a una sesión especial, dónde serán invitados organizaciones como ANEF y la CUT, ya que considera que “este dictamen es un serio retroceso, que implica retornar a un estado de inestabilidad en el empleo inaceptable”.