La Corte de Apelaciones acogió de manera parcial la solicitud de la Fiscalía Metropolitana Oriente en el Caso Factop y decretó la prisión preventiva de Alvaro Jalaff, imputado por los delitos de lavado de activos y soborno.
Por su parte, la Primera Sala del tribunal de alzada mantuvo el arresto domiciliario parcial y arraigo nacional para su hermano Antonio Jalaff, ex controladores del Grupo Patio.
El fiscal Miguel Ángel Orellana expresó que “es muy relevante que se den por acreditados los delitos de soborno y lavado de activos en el caso de Álvaro Jalaff, algo que no ocurrió en la audiencia de Garantía”.
Por contrapartida, el abogado defensor Hugo Rivera indicó a La Tercera que “estamos tranquilos, se expusieron todos los hechos. Me llamó la atención que no se consideraran los argumentos de esta defensa. Fue una transcripción total de lo planteado por el Ministerio Público y los querellantes, pero los hechos dicen otra cosa. Resulta llamativo que el fallo citara con detalle lo expuesto por los querellantes, sin mencionar en absoluto mis alegatos”.
En la audiencia en la Primera Sala de la Corte de Apelaciones, el persecutor Orellana recalcó que no solo existe un chat entre Alvaro Jalaff y María Leonarda Villalobos, a lo que se suman transferencias de dinero y otras comunicaciones que comprueban “su participación en un esquema delictivo”.
En esta línea, la Fiscalía dejó ver existe riesgo de fuga para el empresario, apuntando a la gravedad a los delitos que se le acusan y a tener una condena previa, vinculada al tráfico y al consumo de drogas.
“En el caso de Álvaro Jalaff también hay una diferencia, porque a diferencia de Antonio, Álvaro Jalaff sí tiene una condena anterior por el artículo 5° de la Ley 19.366 del 2002, que es una sanción que no implica la posibilidad de agravar su pena, pero no tiene irreprochable conducta anterior y, por lo tanto, se expone al cumplimiento efectivo en caso de ser condenado”, precisó Orellana.
Los hermanos Jalaff están vinculados al Caso Factop tras conocerse que usaron facturas de la empresa para conseguir financiamiento ilegal y así beneficiarse de una serie de operaciones fraudulentas que les dieron acceso a una serie de recursos.
A esto se suma su relación con el abogado Luis Hermosilla, que habría sido intermediario en varias operaciones legales y financieras.
