El fiscal Patricio Cooper, a cargo de investigar la arista ProCultura del Caso Convenios y que ordenó “pinchar” el teléfono de Miguel Crispi, lo que terminó derivando en una indagatoria por eventual tráfico de influencias en el Caso Guardia Vieja, respondió a los cuestionamientos por extender esta intervención por dos años.
Esto, ya que esta medida le permitió tener acceso a una conversación de Crispi con su madre, Claudia Serrano, donde cuestionaba a la senadora Isabel Allende y a Maya Fernández por la polémica generada por la fallida compraventa de la casa de Salvador Allende.
Esta situación provocó las críticas del Frente Amplio, partido del ex jefe del Segundo Piso, donde su presidenta Constanza Martínez, cuestionó el actuar de Cooper y la intervención de su teléfono, instando a no utilizar este tipo de medidas por tanto tiempo.
Ante esto, el fiscal Cooper respondió que “tendríamos que botar el Código Procesal Penal y eliminar todas las medidas intrusivas. Me llama mucho la atención que se habla de este tema cuando se afecta a ciertas personas, pero cuando se investiga otro tipo de delitos no se cuestionan, digamos, las intervenciones telefónicas respecto al narcotráfico, terrorismo”.
“Una pregunta que se hace a muchas personas es quién controla a los fiscales. Bueno, los jueces de garantía controlan a los fiscales. El trabajo del Ministerio Público es esencial del sistema acusatorio que tenemos. Controles cruzados. El Tribunal de Garantía tiene que autorizar las medidas intrusivas, y el trabajo del Ministerio Público es solicitar esas medidas intrusivas cuando cree que tienen fundamento, y la Fiscalía Regional de Coquimbo estimó que tenía fundamento para esas medidas intrusivas que usted me está indicando que han salido en los medios de prensa”, argumentó el fiscal Cooper.
