A través de un comunicado, el Gobierno informó de la firma de un convenio que tiene por objetivo establecer la colaboración técnica y financiera que permitirá realizar los test de drogas a las autoridades gubernamentales contempladas en la Ley de Presupuestos. Un poco más de 25 millones de pesos costará la adjudicación.
Sobre el funcionamiento del examen, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) seré el ente encargado de su realización. Consistirá en una muestra de orina simple, lo que permitirá medir el “consumo reciente” tras “coordinación previa con las autoridades”.
Este procedimiento es menos invasivo e incómodo que el examen de pelo al que se aplican los diputados de carácter aleatorio, pues sus resultados miden el consumo hasta de un año. Esta prueba consiste en la extracción de un mechón de cabello o de otra parte del cuerpo, lo más cercano a la raíz. Por su parte, el test de orina, que será al que se sometan las autoridades de gobierno, solo puede identificar el consumo de drogas en días recientes.
Las bases de la licitación establecen exámenes a 66 autoridades, además de considerar una contramuestra en caso de dar positivo. La única manera de justificar un doble positivo es por algún tratamiento de salud. En caso de no poder acreditar aquello, el involucrado deberá ser sometido a un “procedimiento médico realizado por un profesional médico psiquiatra“.
“Dicho examen médico buscará determinar si el funcionario tiene dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas ilegales”, agrega el documento oficial.
“La evaluación diagnóstica deberá realizarse conforme a los sistemas de clasificación de enfermedades y trastornos mentales actualmente utilizados y validados”, indican las bases.
La discusión por la medida
La medida impuesta por la UDI y que contó con el apoyo de toda la oposición considera incluso al propio presidente Gabriel Boric. Incluso, fue uno de los principales temas discutidos en la última discusión presupuestaria.
El Gobierno indicaba que estos testeos, que ya se aplican en el servicio público a ciertos funcionarios bajo el amparo del Senda, debían ser parte del debate para una ley permanente y no en una norma que debe renovarse cada año como lo es la Ley de Presupuestos.
La oposición, en cambio, abogaba que las autoridades debían dar el ejemplo sometiéndose al test de drogas, bajo las mismas reglas a las que se atañe cualquier empleado público.
“El presidente de la República, sus ministros de Estado y subsecretarios deberán someterse semestralmente a un control de consumo de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales“, decía la glosa que posteriormente fue aprobada en la Cámara de Diputados y luego ratificada por el Senado.
