El vínculo entre Fernando Atria y minera sueca que envió material tóxico a Chile
El constituyente electo participó en un litigio internacional entre 796 habitantes de Arica y una empresa europea como testigo experto en leyes chilenas.
De acuerdo a un reportaje de Chilevisión, la empresa sueca desechó en Chile materiales como arsénico, plomo y mercurio. AGENCIA UNO/ARCHIVO
Chilevisión Noticias evidenció los problemas que enfrentan vecinos de Arica domiciliados en las cercanías de un terreno que se usaba previamente como vertedero de materiales peligrosos para la salud, por parte de una minera sueca. Además, se reveló que el abogado y constituyente electo, Fernando Atria (Fuerza Común), tuvo una vinculación con el caso.
De acuerdo al reportaje, el problema se inició tras el retorno a la democracia cuando las autoridades gubernamentales decidieron emplazar viviendas sociales en los alrededores de un basurero industrial repleto de materiales como arsénico, plomo, mercurio y otros químicos que fueron traídos desde Suecia por una empresa chilena que habría recibió una millonaria suma de dinero para realizar el trabajo.
Instalar las viviendas sociales en el terreno trajo catastróficas consecuencias para sus pobladores. Según el reportaje, con el paso de los años fallecieron personas por enfermedades asociadas a los metales tóxicos. Incluso, en 2012, 796 víctimas presentaron una demanda ante los tribunales suecos para obtener una reparación.
Bajo ese contexto, el staff de abogados de Boliden, la minera extranjera propietaria de los desechos, contrató al constitucionalista chileno Fernando Atria como “testigo experto en leyes chilenas”.
Atria explica su rol en el caso
Al ser consultado, el recién electo constituyente por el distrito 10 explicó su rol en el caso medioambiental.
Según dijo el doctor en Derecho de la Universidad de Edimburgo, “yo no fui abogado de la empresa sueca”.
“Fui contratado, y esto fue explicitado frente a los abogados desde el primer momento, a que yo no estaba contratado como abogado de la empresa”, agregó Atria.
De acuerdo a la versión del constituyente, él fue contratado como “testigo experto”, es decir, “alguien que conoce el derecho chileno, que hace una exposición frente al tribunal, para que el tribunal conozca un derecho del cual no es experto, para poder decidir”.
Finalmente, según consignó Chilevisión, la justicia de Suecia rechazó la demanda de las 796 víctimas chilenas porque el delito prescribió.
