La lucha de collas contra Codelco: indígenas denuncian que la estatal vulneró territorio sagrado en exploración de litio en Salar de Maricunga
En los próximos días la Corte de Apelaciones de Copiapó debe resolver un recurso de protección contra Codelco, presentado por un poblado colla aludiendo las faenas afecta sus derechos. El tribunal podría paralizar el proyecto, mientras Codelco se defiende.
Son dos versiones opuesta. Una tiene en la mira al presidente del directorio de Codelco, el socialista Máximo Pacheco. La otra, defiende los intereses a la estatal.
Se trata de recurso de protección —de 50 páginas— presentado por la comunidad colla Pai Ote contra el gigante cuprífero. La acción legal argumenta que la búsqueda de litio de Codelco en el salar de Maricunga, un territorio ancestral del poblado en Copiapó, genera un impacto negativo en lugares sagrados, ceremonias religiosas, cursos de agua, sitios arqueológicos, cultivos medicinales, entre otros.
Agregan que la faena no cuenta con “las formalidades necesarias” y divide el salar en dos partes, por lo que solicitan paralizar la exploración y que vulnera algunos derechos fundamentales. Además —sostienen— que la empresa estatal “se negó a realizar una consulta indígena previo a los trabajos como establece el Convenio 169 de la OIT”.
El otro escenario, es que los ministros de la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Copiapó podrían acoger la versión del representante legal de Codelco y el ex ministro de Energía de Michelle Bachelet, Máximo Pacheco (PS).
La otra postura, de los abogados del socialista, la confronta con defensa práctica de las faenas de Codelco, en 70 páginas.
Primero, argumenta que el recurso de protección fue presentado fuera de plazo. Luego que “no es el instrumento jurídico para resolver la controversia”, apuntando a los Tribunales Ambientales.
Añade que Codelco “respeta los derechos indígenas (…) con particular consideración a las comunidades residentes”. Asimismo, asegura que cuenta con todos los permisos para continuar buscando litio en la zona, que se ha ceñido a la ley y que por las características del contexto, no se requiere de consulta indígena.
El recurso —que también incluye como recurridos a la Municipalidad de Copiapó, la Seremi de Bienes Nacionales, el municipio de la comuna y la dirección regional de Vialidad por permisos otorgados a Codelco— lo deben resolver los magistrados Pablo Bernardo Krumm, Aida Osses y la fiscal María José Hernández la primera quincena de agosto.
La zona en pie de guerra por “oro blanco”
Como una especie de lucha entre David y Goliat, el contraste entre el recurrente y los recurridos resulta evidente. No obstante, el poblado colla avanza hacia su objetivo y cuenta con otras victorias legales.
En febrero pasado —con la comunidad Colla Tata Inti—en la Suprema detuvieron el proyecto de extracción del litio del grupo Errázuriz, que contemplaba una inversión de US$ 350 millones, acogiendo un recurso de para que se realice una consulta indígena.
El fallo estableció “la afectación de comunidades por contaminación por derrames en cursos de agua, por el tránsito de numerosos camiones con sustancias peligrosas por la ruta CH31, entre otros”. Algo similar sucedió con el proyecto Salar Blanco, propiedad del empresario Martín Borda, que se encuentra en una reclamación administrativa ante el consejo de ministros para la sustentabilidad de Pai Ote, representada por abogados del Observatorio Ciudadano, dirigido por José Antonio Aylwin, hijo del ex presidente.
En el salar, a 5.000 metros de altura, la población practica ritos como la trashumancia, un pastoreo en movimientos de 2.000 animales por Maricunga, elaborar charqui, y productos caprinos. Según la agrupación, con personalidad jurídica, mantiene sus asentamientos desde la época precolombina que se verían afectados por las maquinarias y paso de camiones.
Ingenieros de la región explican a EL DÍNAMO que las reservas de litio en los salares de Atacama y Maricunga fueron descubiertas en los años ´70. El salar de Maricunga sería el segundo yacimiento de litio más grande del país, y posiblemente del planeta, con cerca de una reserva de litio de 400 mil toneladas. Más de oro y cobre.
¿Quién es la “hermana Ercila” que lidera la disputa con Codelco?
El recurso lo presentó “la hermana” Ercila Araya, presidenta de la Comunidad Colla Pai Ote, integrada por alrededor de 60 familias indígenas. A sus 57 años, muestra una potente voluntad de lucha.
Es criancera, tejedora y talabartera, entre otros oficios. Asistió a la escuela hasta segundo básico y sus padres la educaron en quechua, en plena cordillera y siguiendo las tradiciones nativas.
Su contraparte es el conocido buró Pfeffer Abogados, estudio especializado en arbitrajes y derecho corporativo. En su trayectoria fuentes judiciales señalan que defendió a un ejecutivo de Norte Grande, en el caso Cascada y que asesoró a la Superintendencia de Pensiones en indagaciones por la polémica fusión de las AFP Cuprum y Argenta, entre otros casos de interés público.
“Los collas podemos sobrevivir a las tormentas de nieve y la sequía, donde nadie más podría hacerlo, pero no a la contaminación del agua y pastos. Mi lucha como dirigente es recuperar nuestro territorio ancestral amenazado por la actividad minera”, afirmó Ercila en un documental realizado en TVN, quien se excusó de hablar con nuestro medio.
“Después de los medidores inteligentes y las empresas intermediarias de gas, Pacheco no tiene legitimidad”
El consejero legal de la representante de Pai Ote, Ariel León Bacian, —ex asesor del Senado por 15 años, luego asesor de integrantes de la Convención Constitucional y militante del Frente Amplio –, va un paso más allá en sus cuestionamientos.
“Después del caso de los medidores inteligentes y de las empresas intermediarias del gas, Pacheco Matte no tiene legitimidad para seguir explorando el litio en el Salar de Maricunga, es un nuevo abuso y una ilegalidad lo que están haciendo”, afirma.
Y agrega: “El proyecto de Codelco plantea dividir en dos el salar con un camino para camiones pesados, y perforar el salar, lo cual requiere una consulta indígena (…) Pacheco Matte no puede manchar la industria del litio con la extinción del poblado colla, como ha sido con las hidroeléctricas en el sur”.
Según explica León, el salar de Maricunga en su zona sur colinda con el Parque Nacional Nevado Tres Cruces y es rico en humedales andinos protegidos por tratados internacionales.
“Ahí están las lagunas saladas Santa Rosa y la Negro Francisco que son sitios protegidos oficialmente por el Estado que suscribió la Convención Ramsar, relativa a la salvaguarda de humedales de Importancia Internacional desde el año 1994″.
El recurso de Ercila Araya expone que el proyecto “Exploración Salar de Maricunga que se emplaza y desarrolla en el territorio ancestral de nuestro pueblo ” y “nos afecta directamente”.
“Destrucción de nuestro territorio desde marzo de 2022”
Según la causa 578-2022, la comunidad Pai Ote dice que “ha presenciado la instalación de maquinarias y el inicio de sus actividades de destrucción de nuestro territorio, desde marzo del año 2022” con alteraciones “significativas sobre los sistemas de vida de nuestra comunidad en territorio ancestral, afectando nuestros derechos”.
Asimismo, hace hincapié en la vulneración de sus cultos. “(Existen) exploraciones en el cerro adyacente al campamento Huaca Chica y es un cerro sagrado (…), con afectación de vegas y cursos de agua, donde los crianceros de la comunidad toman de esa agua (…) Hacia el lado de la quebrada Caballo Muerto, en todo el sector del cordón que va hacia la Laguna Santa Rosa son zonas donde transitan los camiones del proyecto (…) y (afectan) ceremonias en el Santuario de la Virgen de la Candelaria, donde nuestra comunidad realiza tres ceremonias al año en dicho lugar, una en febrero, en octubre y otra en diciembre”, señala la acción legal colla.
Agrega que existe un impacto sobre “especies de plantas medicinales, tales como chachacoma, pata de perdiz, quinchamalí, flor de puna, entre otras” y “afectaciones sobre “sitios arqueológicos cercanos al proyecto, como tambos, apachetas, flechas, vestigios líticos (…)”. Precisa además que ni Codelco, ni ningún otro organismo fiscal, “nos ha convocado a participar en forma apropiada en un proceso de consulta indígena, que establece el Convenio 169 de la OIT que garantiza que los pueblos deben tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias” y que establece la consulta obligatoria a los pueblos originarios para medidas que les afecten.
No obstante, advierte que la comunidad colla no se cierra a la exploración del litio, sino que aspira que esté a cargo de la Corporación Nacional del Litio, y que se incluya participación societaria a las familias recurrentes. Eso, junto con garantías de protección ambiental de la zona.
Codelco descarta vulneraciones ante Corte de Apelaciones
Según la causa 578- 2022, en mayo la Corte de Apelaciones de Copiapó —integrada por los ministros Pablo Bernardo Krumm, Aida Osses y la fiscal María José Hernández— acogió a tramitación el recurso e instruyó a Máximo Pacheco, a la seremi de Bienes Nacionales, Mónica Marín, al alcalde de Copiapó Marcos López, y a la Dirección de Vialidad regional un informe con los antecedentes “que obren en su poder”.
EL DÍNAMO consultó a la estatal por su versión sobre el caso, pero esta declinó entregar su visión y antecedentes del caso.
En su informe de respuesta, la empresa solicita a la Corte el rechazo del recurso por varios motivos. El primero, que la medida de protección se presentó fuera de plazo.
El segundo argumento apunta a que la Corte no es la vía para abordar los hechos que se plantean, sino que son “los Tribunales Ambientales los que deben resolver”. El texto también alega que Codelco “siempre ha procedido con profundo respeto por los derechos de la comunidad indígena colla Pai Ote” y que “ha actuado en el marco de lo que las normas vigentes” y que ha “obtenido las correspondientes autorizaciones y permisos que la habilitan para desarrollar sus actividades”
Por último expresa que el proyecto “Exploración Salar de Maricunga” no genera ninguno de los “efectos de los artículos 7, 8 y 10 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental que dan origen a la necesidad de iniciar un proceso de consulta indígena” conforme con el Tratado de la OIT.
Según profesionales ligados a la causa, mañana vence el plazo para que los otros tres requieran entreguen sus argumentaciones. Luego de ello, los magistrados resolverán el caso.