Indultos: los costos políticos para Boric por la nueva controversia con el Poder Judicial

Los controvertidos 13 indultos y las declaraciones del presidente Gabriel Boric sobre irregularidades en el proceso judicial del ex frentista Jorge Mateluna en 2013, fueron el principal tema que ocupó un almuerzo, agendado la semana pasada para analizar temas de políticos, entre la ministra del Interior, Carolina Tohá, y la bancada de senadores del PPD, este martes en el Congreso.

En la cita, los senadores coincidieron con la secretaria de Estado en que todos los presidentes han firmado indultos para excarcelar condenados. Sin embargo, los legisladores cuestionaron el momento político escogido para los 13 anuncios presidenciales.

No fue lo único. En la confianza del comedor del comité del PPD, los senadores le expresaron a la ministra del Interior su sorpresa por el cuestionamiento público efectuado por Boric al proceso judicial de Mateluna, donde el mandatario expresó que “hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia”, en tres instancias del Poder Judicial.

A juicio de los parlamentarios, era un error político cuestionar el trabajo de los tribunales y las instancias de apelación, porque se deterioraba aún más la tensionada relación entre los poderes del Estado.

La ministra Tohá, señalan algunos comensales, estaba más seria que en almuerzos anteriores y al oír los análisis de los parlamentarios, la secretaria de Estado optó por expresar que los indultos eran una facultad privativa del presidente de la República y no entró a abordar las palabras de Boric hacia los tribunales, pero tampoco defendió sus dichos sobre el proceso.

Un momento incómodo para una polémica

Según sostienen en el Socialismo Democrático, al impulsar el indulto a 12 condenados por delitos durante el estallido social —y añadir al ex frentista Jorge Mateluna, condenado a 16 años de cárcel en 2014 por el asalto a un banco—, mientras Interior estaba a punto de cerrar un acuerdo nacional por la seguridad, Boric horadó semanas de esfuerzos de la ministra Tohá, del subsecretario Manuel Monsalve y de la jefa de Segpres, Ana Lya Uriarte, en tratativas con la oposición.

De hecho, la jefa política del gabinete de Gabriel Boric debió ir a la primera línea de un conflicto que no armó y que llega ad portas del anuncio del Gobierno sobre el nuevo fiscal nacional para intentar morigerar la perplejidad de los congresistas.

Este martes, Tohá intentó defender los argumentos de Boric para indultar a Mateluna, varios congresistas consideran que lo hizo bien, sosteniendo que es facultativo de los presidentes otorgar el beneficio. Para ello, viajó al Congreso a hacer un control de daños de la crisis. Sin embargo, sus esfuerzos se vieron empañados al tener un fuerte altercado con la vicepresidenta del Senado, Luz Ebensperger (UDI), a partir de la crisis en la Macrozona Norte.

Con los 13 indultos, el presidente también abrió una divergencia entre las dos coaliciones que lo apoyan. Desde el PC, donde exigían el indulto, hubo satisfacción. Pero en el Socialismo Democrático fue recibida como un desacierto de Boric y de la ministra de Justicia, Marcela Ríos.

Además, explican que el mandatario abrió un flanco innecesario en el sector más débil del Gobierno, el combate a la ola de delincuencia que afecta al país, a cinco días de que el Senado someta a votación a su tercer candidato para el cargo de fiscal nacional, donde los votos opositores son clave.

Escoger la peor coyuntura política para 13 indultos

En el Gobierno reconocen que 2022 fue un año complejo para Apruebo Dignidad, luego de haber perdido el plebiscito del 4 de septiembre y de aceptar firmar un acuerdo por el proceso constituyente que no era de todo su agrado.

Situaciones que abrieron descontento entre los cuadros de base del bloque, por lo que desde el entorno del mandatario buscaban hacer un gesto hacia los partidos oficialistas situados más a la izquierda del eje de Gobierno, como el PC: único partido en elogiar los indultos con entusiasmo.

Sin embargo, en el conglomerado de Gobierno resienten el momento en el que se hizo y la nueva polémica con la Corte Suprema que salió a desmentir al jefe de Estado. Agregan además que el presidente Boric dejó a su ministra de Justicia, Marcela Ríos, aún más expuesta a una posible acusación constitucional.

En el PS y el PPD hacían hincapié en que los indultos llegaron justo en el momento en que la ministra del Interior, Carolina Tohá, se encontraba por cerrar un difícil acuerdo consensuado en materia de seguridad, que abarcaba la Ley Antiterrorista y una nueva Ley de Inteligencia.

En el Socialismo Democrático recalcan un elemento que consideran delicado. Afirman que el caso Mateluna había sido revisado tras la primera instancia por la Corte de Apelaciones, y luego por la Corte Suprema, por lo que mencionar la existencia de eventuales irregularidades ante los ojos de los encargados de impartir justicia era algo grave. Y, agregan, la derecha usaría políticamente para cuestionar al Gobierno.

“El Presidente no puede ejercer funciones judiciales o revivir procesos fenecidos (…)”

Según fuentes judiciales, los ministros de la Corte Suprema esperaron, durante la tarde del lunes y la mañana del martes, que alguien de La Moneda o del Ministerio de Justicia les explicara algún contexto que les matizara las declaraciones de Boric. No obstante, sostienen que como eso no ocurrió, se vieron en la necesidad de emitir un comunicado en nombre del pleno del máximo tribunal.

Sectores oficialistas, conocedores de los códigos del Poder Judicial, subrayan con cierto estupor dos puntos del comunicado de la Corte Suprema, donde los ministros del pleno desmienten a Boric.

El primero es la expresión “nos vemos en la necesidad”, que consideran reflejaba la ausencia de explicaciones satisfactorias desde el Ejecutivo por las aseveraciones sobre irregularidades en el juicio a Jorge Mateluna.

La segunda referencia, indican, es la cita al artículo 76 de la Constitución que expresa que “la facultad de conocer las causas civiles y criminales pertenece exclusivamente a los tribunales” y que el presidente no puede ejercer funciones judiciales o “hacer revivir procesos fenecidos”.

Para varios abogados del oficialismo, aquella cita les sonó como un mensaje para que el Ejecutivo no olvide la Constitución vigente. O bien, a que, por falta de pericia en materias de Justicia, recurra a revisarla, de ser necesario.

Y así lo habría comprendido el propio mandatario la tarde de ayer martes. Cuando bajo una espiral de cuestionamientos del mundo judicial y de la oposición, que incluso llevó a pensar en una eventual acusación constitucional contra el presidente Boric, el jefe de Estado dio una repentina declaración en el Patio de Las Camelias de La Moneda.

Boric matiza y retrocede en medio de espiral de reproches

Cerca de las 18.30 horas del martes, Boric tomó distancia de sus propios dichos, aludiendo al recordatorio de la Corte Suprema.

“Comparto plenamente el recordatorio que realizara la Corte Suprema respecto de la importancia del artículo 76 de la Constitución Política de la República, que establece claramente que ni el presidente de la República ni el Congreso pueden en caso alguno ejercer funciones judiciales, avocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus atribuciones o hacer revivir procesos fenecidos”, leyó Boric ante la prensa.

La declaración era un esfuerzo por superar el impasse con la Corte Suprema tras sus delicados dichos por el caso Mateluna sobre “irregularidades” en el juicio del exfrentista. 

Boric, algo incómodo, agregó: “(…) Sería una muy mala noticia para nuestro país que yo, como presidente de la República, iniciara una disputa con el Poder Judicial como, desgraciadamente, se ha hecho costumbre en otros países (…) la independencia de los poderes del Estado es condición esencial de la democracia y yo, como presidente la respeto íntegramente y, por lo tanto, valoro y estoy de acuerdo con la declaración emitida por la Corte Suprema. Bienvenido sea, además, el debate que se ha planteado en sede legislativa tendiente a revisar esta institución jurídica consagrada en nuestra Constitución. (…) Con esta declaración espero dar por zanjada esta polémica”.

Y a la declaración de la Suprema, se sumó otra de funcionarios del Ministerio Público. Ello hizo temer en Presidencia una avalancha de comunicados refiriéndose a las “irregularidades” aludidas por Boric

Paralelamente, la Fiscalía Metropolitana Occidente, mediante una declaración pública, respondió al mandatario. Sostuvo que “el señor Jorge Mateluna Rojas fue detenido en flagrancia por estos hechos y en definitiva la investigación demostró su participación en calidad de autor”.

Boric propondría a Juan Agustín Meléndez para fiscal nacional como gesto

Sectores del Frente Amplio observan que, políticamente, los indultos, si bien habían sido parte de la campaña presidencial, pudieron haber sido firmados meses atrás o días después de cumplir un año en el Gobierno.

Esto porque evalúan la controversia generada y los roces con la oposición no sólo afectan a la agenda de seguridad, sino que también generan un mayor deterioro para las tratativas en la reforma tributaria y la de pensiones que se discuten en el Congreso.

Por ello, manifiestan, al cierre de esta edición se habían desestimado las cartas preferidas del mandatario para liderar la Fiscalía Nacional: Carlos Palma y Erika Maira. En un giro que sorprendió al Poder Judicial y a varias asociaciones sindicales del Ministerio Público, La Moneda habría optado por proponer al fiscal Juan Agustín Meléndez y consensuar apoyos con la UDI y Evópoli, y un sector de RN.

Según explican en el Ejecutivo, cerrar un foco de tensión con el Senado, especialmente con la oposición, y contribuir al trabajo del Gobierno en materia de seguridad, evitando un mayor desgaste que quienes llevan la relación con el Congreso.