Sale una y entra otra: acusación constitucional contra ex ministra Marcela Ríos avanza con presentación de defensa
La ex ministra de Justicia fue acusada por su rol en las "desprolijidades" por los indultos otorgados por el presidente Boric.
La acusación contra la ex ministra Ríos abarca la polémica por los indultos y los traslados de presos mapuche. AGENCIA UNO/ARCHIVO
Tras superar la acusación constitucional en contra del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, el oficialismo deberá concentrarse en el otro libelo presentado por la oposición, el que tiene como objetivo a la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos.
La ex secretaria de Estado -que renunció a su cargo el 7 de enero pasado-, fue cuestionada por las “desprolijidades” admitidas por el presidente Gabriel Boric en la entrega de 12 indultos a presos del estallido social y al ex frentista Jorge Mateluna.
De acuerdo a los acusadores, la socióloga sería responsable de “haber incurrido en una serie de actos que constituyen infracciones de ley, así como dejar estas sin ejecución”, apuntando tanto al caso de los indultos como a los traslados de presos mapuche otorgados como beneficios penitenciarios.
Aunque la ex ministra ya no ocupa cargos en el Gobierno, está expuesta a sufrir una sanción de cinco años fuera de toda función pública.
La defensa de Marcela Ríos
Durante este viernes, el abogado y ex ministro José Antonio Viera-Gallo (PS) se presentará ante la comisión revisora de la Cámara de Diputados para presentar la defensa de Ríos.
En paralelo, el defensor entregó una contestación por escrito, la que fue publicada por T13. De acuerdo al texto, “del análisis de legalidad que realizan las y los acusadores de los decretos que concedieron los indultos, se puede vislumbrar que, más allá de este examen, se pretende cuestionar el mérito del ejercicio de una facultad discrecional”.
“Resulta inadmisible que, por medio de una acusación constitucional, se pretenda revisar el mérito de las decisiones de las autoridades de Gobierno. El presente libelo acusatorio realiza este juicio en sucesivas ocasiones bajo la excusa de revisar la legalidad de los actos de la Administración del Estado, por lo que su improcedencia se torna evidente”, detalló.
