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Actualizado el 23 de Febrero de 2023

Altos mandos militares mantienen críticas a despliegue polivalente en la frontera norte

"Es imprescindible que exista un amparo jurídico robusto, que permita actuar con la tranquilidad de saber que no será objeto de reproche si cumple las reglas de uso de la fuerza", asegura el comandante en jefe (s) de la Armada, vicealmirante José Luis Fernández.

Por Carlos Saldivia
El primero en plantear reparos al empleo de militares en el control de las fronteras tras la aprobación de la ley de infraestructura crítica fue el comandante en jefe de Ejército, Javier Iturriaga. AGENCIA UNO/ARCHIVO
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A pesar del contratiempo por el retiro del decreto desde Contraloría, a más tardar el 1 de marzo es el plazo que zanjó el Gobierno para comenzar el nuevo despliegue de las Fuerzas Armadas en la denominada Macrozona Norte, para colaborar en el control fronterizo en medio de la ola migratoria y la llegada de bandas de crimen organizado que asolan las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

“Esto debería estar resuelto muy pronto, y luego, en dos días, tres días, debiera estar desplegada la fuerza. Es decir, la próxima semana me atrevo a decir que vamos a tener Fuerzas Armadas desplegadas en la zona limítrofe del norte de Chile“, precisó esta tarde la ministra del Interior, Carolina Tohá a EL DÍNAMO.

“En este periodo se ha hecho un trabajo entre Carabineros y el Ejército que es el que se va a aplicar en esta zona, de una capacitación a los efectivos que van a estar en el lugar en estos procedimientos que son los controles de identidad, el registro, que no son tareas que habitualmente hacen los funcionarios de la Fuerzas Armadas y se han estado haciendo capacitaciones, que se seguirán haciendo”, agregó Tohá.

Pero pese a cierto entusiasmo exhibido por el Ejecutivo por la medida, en los últimos días el despliegue de efectivos militares en la Macrozona Norte abrió un debate en las filas castrenses. 

Ello porque, por diversos motivos, un sector amplio de oficiales de los altos mandos militares mantienen cuestionamientos al concepto de polivalente, la nomenclatura con la que describen la colaboración con las policías en funciones de control fronterizo y orden interno.

“Se desvirtúa nuestro rol principal”

El primero en plantear reparos al empleo de militares en el control de las fronteras tras la aprobación de la ley de infraestructura crítica fue el comandante en jefe de Ejército, Javier Iturriaga del Campo, al asistir a la Cámara de Diputados con sus homólogos de la Armada y la Fach, en enero pasado.

El general cuestionó que las Fuerzas Armadas sean destinadas a estas tareas, ya que a su juicio “desvirtúa” la labor que deben cumplir las ramas militares del Estado.

Javier Iturriaga opinó que “todas estas tareas que se derivan hacia el orden público van desvirtuando la tarea de nuestro rol principal”.

“Yo creo que es un deber dejarlo en público conocimiento, sé que es parte de la discusión, pero son tareas que finalmente van a afectar nuestra operacionalidad, porque son las mismas tropas, que están equipadas y entrenadas para otras tareas, que tienen que derivar esta función principal hacia otros problemas que está teniendo hoy el país”, sostuvo Iturriaga.

Por su parte, el comandante en jefe (s) de la Armada, vicealmirante José Luis Fernández, expresó una postura todavía más crítica. “Si se hace efectivo que las Fuerzas Armadas asuman un rol en tareas de orden público, es imprescindible que exista un amparo jurídico robusto, que permita actuar a su personal en cumplimiento de su misión, con la tranquilidad de saber que no será objeto de reproche si cumple las reglas de uso de la fuerza y estas sean ejecutadas de forma gradual racional y acorde al deber que el Estado les solicita”, señaló Fernández, quien dijo además que la frontera naval se encuentra custodiada de manera permanente.

Por su parte, el comandante en Jefe de la Fach, general Hugo Rodríguez, señaló que compartía las inquietudes planteadas acerca de las reglas del uso de la fuerza, además de cuestionar cuál era la cadena de mando de los desplegados, ya que al no haber Estado de Excepción se debía esclarecer si las unidades militares dependían del delegado presidencial o del gobernador de la zona.

“La polivalencia tiene riesgos y costos para la función militar”

En círculos académicos del Estado Mayor del Ejército la intervención de Javier Iturriaga en el Congreso ha circulado por diversos chats de WhatsApp, elogiando su intervención. “Iturriaga expuso todos los puntos que no están claros en no más de 5 minutos. La exageración del empleo del concepto de “polivalencia” como sinónimo de “empleo dual entre lo civil y militar” puede ser una trampa conceptual”, sostiene un general a EL DÍNAMO.

“Le pondré un ejemplo no muy académico, pero útil: ¿Puede Messi ir a reforzar la selección de atletismo? Yo creo que sí. Pero quién en su club lo reemplaza … podríamos llegar a desnaturalizar la función y las capacidades”, señalan en la Marina.

“La llamada polivalencia, a pesar de ser muy útil y oportuna para las autoridades políticas, su empleo permanente tiene costos y riesgos para la función militar. Si un dron es derribado o un carro blindado destruido, ¿cómo se devuelve el dinero? El orden constitucional de la función militar está en la Defensa Nacional y no en actividades de seguridad interior, salvo excepciones”, señala un general en retiro de la Fach.

En círculos militares destacan que resulta muy diferente la interpretación chilena que se da a la polivalencia en relación con el concepto internacional. Según explican, mientras en Chile se apunta a un uso dual, en países como España y Estados Unidos le otorgan un significado dentro del ámbito de la Defensa Nacional.

“Tanto así que, cuando España pensó en sus Brigadas Orgánicas Polivalentes se refería a unidades con una organización, estructura y equipamiento que le permita enfrentar amenazas híbridas de guerra convencional y guerra asimétrica. En tanto el US Army, como fuerza regular, declara que la polivalencia es un atributo que deben poseer sus fuerzas para enfrentar distintos tipos de desafíos militares y no lo asocia al empleo interno de sus capacidades, para eso está la Guardia Nacional”, explica un especialista.

La Ley de Infraestructura Crítica, aprobada en enero de 2023, establece como artículo transitorio que el presidente tiene tres meses desde la publicación en el Diario Oficial para establecer en uno o más decretos con fuerza de ley, las facultades y deberes de los militares en las fronteras.

“Dichas atribuciones podrán otorgar a las Fuerzas Armadas atribuciones para el control de identidad y registros en las áreas de las zonas fronterizas”, además de “la detención para el solo efecto de poner a las personas a disposición de las policías”, especifica la ley.

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