Contraloría ordena suspender pagos a fundaciones: “Hay una situación de mal uso de recursos, que va cambiando, como si fuera un virus”

Las fundaciones y los millonarios montos que reciben del Estado se han transformado en un tema nacional. Desde que “explotó” el caso de Democracia Viva con el seremi de Vivienda de Antofagasta ha evidenciado un modus operandi que ha salpicado a autoridades del país -como la diputada Catalina Pérez (RD) y la subsecretaria Tatiana Rojas- y que ahora tiene en alerta a la Contraloría General de la República.

El millonario acuerdo de la fundación de la ex pareja de la parlamentaria, Daniel Andrade, con Carlos Contreras por 426 millones (todos de Revolución Democrática) motivó querellas y el análisis de documentos que han puesto a otras ONG como Urbanismo Social y la Fundación para la Superación de la Pobreza en la mira del ministro Carlos Montes de Vivienda (Minvu). En el Biobío, por ejemplo, exigen la salida de la delegada presidencial Daniela Dresdner.

Frente a este complejo panorama que enfrenta La Moneda al estar implicados funcionarios de RD y el oficialismo, el órgano contralor solicitó “congelar” la toma de razón de todos los contratos entre fundaciones y el Estado.

Esta determinación fue informada a través de un correo electrónico por el jefe de la Dirección Jurídica de la Contraloría, Camilo Mirosevic. Más tarde, la suspensión que debe cumplirse “mientras no se aclare la situación” la hizo pública el contralor Jorge Bermúdez.

La solicitud de la Contraloría a las fundaciones

“Respecto de las transferencias que se hacen a fundaciones y corporaciones privadas hay una orden tomada centralizadamente que es suspender la toma de razón mientras no se aclare bien la situación. Eso evidentemente que va a ocasionar que los plazos se extiendan, pero eso es por una situación puntual que estamos viviendo y que era necesario poder reaccionar”, dijo Bermúdez en la comisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos del Consejo.

“Lo que existe acá es una carencia de regulación del punto de vista de cómo están reguladas a nivel legal estas instituciones. Acá se ha hecho una opción por parte del Estado chileno de que sean fundaciones privadas las que ejerzan funciones que habitualmente son públicas”, explicó el contralor.

“Eso ha significado que cientos de miles de millones de pesos todos los años se transfieran, con todos los resguardos o no. Evidentemente que no ha sido con todos los resguardos, porque efectivamente de lo que estamos acá hablando aparentemente, porque esto es un proceso todavía en curso, hay una situación de mal uso de los recursos, una situación que eventualmente puede ser de corrupción, algo que va cambiando así como si fuera un virus. Por eso el Estado siempre va a la saga de ese mal que afecta a la democracia”, complementó.