¿Por qué Democracia Viva no devolverá la totalidad de los $426 millones que recibió?
Comenzó a regir el plazo que tiene la fundación de la ex pareja de la diputada Catalina Pérez (RD) para la restitución del dinero.
El ministro Carlos Montes de Vivienda y Urbanismo detalló el monto que debe devolver Democracia Viva. AGENCIA UNO/FACEBOOK
Este viernes es una jornada clave para la fundación Democracia Viva. Después del polémico contrato con el seremi de Vivienda de Antofagasta por el que recibió $426 millones en tres pagos para evitar la acción de la Contraloría, comenzó a regir el plazo para la anulación de este trío vínculos y la devolución de este dinero.
Durante los últimos días, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, ha detallado los pasos a seguir en este proceso que detonó el Caso Convenios y derivó en las expulsiones de Revolución Democrática (RD) del seremi Carlos Contreras y el representante legal de esta ONG, Daniel Andrade, ex pareja de la suspendida diputada Catalina Pérez.
“La devolución está en proceso. Era un proyecto que estaba en etapa de ejecución, por lo tanto, la mayoría de los recursos van a ser restituidos”, había adelantado el secretario de Estado.
La interrupción de estos tres contratos debe realizarse en los próximos cinco días hábiles y, además, la fundación tiene 30 días para entregar una cifra cercana al 92% de los $426 millones que les fueron otorgados, es decir, $391.920.000.
¿Por qué Democracia Viva no devolverá todo?
“El 21 de junio, a los pocos días de conocerse este caso, públicamente solicité a la fundación poner fin al convenio y que restituyera los dineros asignados, porque necesitamos todos los recursos disponibles para mejorar la vida de quienes viven en campamentos”, aseguró el ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Carlos Montes.
A la fecha de la liquidación, los recursos correctamente rendidos, no observados y ejecutados por parte de la fundación alcanzan, justamente, un 8% del total”, ratificó el secretario de Estado.
“Estos hechos deben ser investigados, porque dañan a la fe pública y enlodan a personas e instituciones. Por eso hemos entregado todos los antecedentes a la Fiscalía y a la Contraloría, para aclarar estas situaciones e implementar las medidas suficientes para evitar que se repitan”, insistió Montes.
