La defensa de Jaime Bellolio por contratación de Cadem y Criteria en gobierno de Piñera
En el caso de Cadem, el organismo indicó que se le contrató como proveedor entre enero de 2020 y octubre de 2021 con 12 tratos directos para estudios de opinión por $345 millones.
AGENCIA UNO/ARCHIVO
La Contraloría General de la República dio a conocer un informe que da cuenta de irregularidades en la contratación, por trato directo, de servicios de centros de estudios -como Cadem- por parte de la Secretaría General de Gobierno, entre enero de 2020 y octubre de 2021, durante el gobierno de Sebastián Piñera.
Según Contraloría, hubo irregularidades en los contratos con Cadem, Criteria, la Universidad del Desarrollo y Fases Asesoría e Investigación en Gestión de Marketing, durante el paso de Jaime Bellolio (UDI) por Segegob.
En el caso de Cadem, el organismo liderado por Jorge Bermúdez indicó que se le contrató como proveedor entre enero de 2020 y octubre de 2021 con 12 tratos directos para estudios de opinión por $345 millones.
Junto con ello, la cartera liderada por Bellolio pidió servicios similares a la Universidad del Desarrollo ($255 millones), a Fases ($193 millones) y a Criteria ($138 millones).
Para Contraloría, la justificación de Segegob para contratación por trato directo “fue que aquellas empresas contaban con una reconocida y comprobada experiencia técnica, orientada hacia la investigación de mercado y opinión pública en Chile”, pero no se demostró documentadamente la causal invocada”.
La defensa de Jaime Bellolio
En tanto, a la Universidad Católica se le imputó incumplimiento en el plazo de ejecución, ya que “de 8 semanas a partir de la aceptación de la orden de compra, para la realización de un estudio sobre discriminación y participación ciudadana, por un monto de $9.800.000. Sin que exista una modificación del plazo en las condiciones y términos de referencia que regulan este trato directo”.
Así, “la resolución exenta N°272/130, de 27 de enero de 2020, que aprueba el trato directo, señala como un incumplimiento grave el atraso en la entrega de los servicios en los plazos comprometidos, con multas del 20% sobre el precio del contrato por día, respecto del valor neto total de la contratación”.
Consultado sobre estos hechos, Jaime Bellolio indicó a El Mostrador que “esta es la primera noticia que tenemos de alguna solicitud de información, ya que todo fue realizado y entregado en regla”.
Bellolio recalcó que “las empresas proveedoras son ampliamente reconocidas por su expertise en materia de encuestas y sondeos de opinión, y la ley establece hace mucho tiempo la posibilidad de hacer tratos directos en estudios estratégicos, siendo una condición el que luego se hagan públicos”.
