La agonía de Urbanismo Social, una de las fundaciones indagadas por el Caso Convenios

El pasado 13 de febrero, los 80 vecinos del condominio Horizonte del Pacífico, en la comuna de San Pedro de la Paz, recibieron una carta que los desconcertó. La misiva, firmada por el equipo de la Fundación Urbanismo Social, informaba sobre la salida de la organización de la administración del edificio, a través del plan Arriendo a Precio Justo.

La fundación había sido contratada por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) en mayo de 2023, por un plazo de dos años, con posibilidad de prórroga. El contrato contemplaba que la entidad administrara, operara y mantuviera el condominio por la suma de $330 millones. Así, el Serviu debía pagar, cada mes, $13.750.000 a la organización.

Sin embargo, en su escrito, Urbanismo Social aseguraba que a la fecha, la repartición pública “nos ha pagado menos del 58% de lo comprometido por contrato. Ha habido retrasos considerables, lo cual hace inviable actualmente la continuidad de nuestro equipo y de la intervención”.

Luego de que la carta se hiciera pública, el Serviu informó que se haría cargo de la administración de Horizonte del Pacífico a partir del 29 de febrero y, además, remarcó que se efectuaron todos los pagos comprometidos. La fundación, por su parte, demandó a la institución pública en el Tercer Juzgado Civil de Concepción, exigiéndole el desembolso de los fondos acordados.

Mientras esto ocurría, en Urbanismo Social se vivía una fuerte crisis interna. La ONG fundada en 2007 por Cristóbal Vicuña, Marisol García, Alejandro Simonetti, Magdalena Simonetti y Pablo Sepúlveda, fue una de las 53 organizaciones salpicadas por el caso Convenios, que estalló en junio pasado, un mes después de que contratara con el Serviu.

Los problemas judiciales de Urbanismo Social

Actualmente, el Ministerio Público investiga a la fundación por tres convenios. El más cuantioso es uno que se suscribió en 2022 con la Seremi de Vivienda de Antofagasta por un total de $577 millones. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) decidió, en diciembre pasado, poner término anticipado al pacto. Tras ello, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) pidió a la justicia retener cerca de $120 millones por “falta de documentación”.

Los otros dos convenios ocurrieron en El Maule. La Seremi de Talca, liderada en ese entonces por Rodrigo Hernández (RD), traspasó $109 millones a la organización para desarrollar proyectos en la región. Los problemas comenzaron cuando se conoció que Hernández había sido, hasta abril de 2022, director jurídico de Urbanismo Social.

A inicios de julio, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, pidió la renuncia del Seremi asegurando que debió haberse inhabilitado al momento de aprobar el contrato. Además, instruyó un sumario interno en la repartición pública.

En paralelo, existieron irregularidades en un contrato suscrito con el Gobierno Regional del Maule por un proyecto de seguridad. Urbanismo Social reclamó el 30 de mayo pasado a través de una carta a la gobernadora Cristina Bravo (DC) que se le estaba obligando a contratar a un concejal de DC para el programa. Así argumentó el no haber llevado a cabo la iniciativa.

Entre los delitos por los que se indaga a la fundación están fraude al Fisco, tráfico de influencias, negociación incompatible y malversación de caudales públicos.

Sin sedes ni financiamiento y funcionando al mínimo

En la fundación, que actualmente preside la urbanista Pilar Goycoolea, admiten que están en una “situación financiera compleja”. Eso los ha llevado al “cierre de todos los proyectos públicos y privados, de la mejor forma posible, disminuyendo el impacto en las comunidades”.

Consultados por EL DÍNAMO, explican que los problemas económicos responden “una deuda millonaria que el Minvu mantiene con la fundación. Al no pago de servicios ya ejecutados ―no sólo de convenios en el marco del Programa de Habitabilidad Primaria, sino también de otros contratos concretados a través de licitaciones públicas―, se suma la total paralización por parte del ministerio en la revisión de rendiciones y toma de decisiones, que hace imposible operar de forma adecuada”.

Según Urbanismo Social, la repartición pública ha embargado sus cuentas y ha llevado a tribunales los convenios que se habían suscrito. Esto, plantean, “en vez de intentar resolver los problemas que la propia Contraloría advirtió que tenía el MINVU ―no las fundaciones―”. La fundación agrega que el ministerio “está requiriendo el reintegro de la totalidad de los fondos asignados, que son proyectos que ya han sido ejecutados en su totalidad, rendidos y aprobados técnicamente por el Serviu”.

La crisis financiera produjo también ―plantean desde la ONG― una “restricción operacional” y los ha llevado a evaluar “distintos escenarios futuros posibles”. Una de las decisiones que debieron tomar fue cerrar sus cinco oficinas, incluida la de Francisco Noguera 42, en Providencia, y volver al teletrabajo.

Asimismo, su plantilla de funcionarios se redujo considerablemente. “Urbanismo Social tenía cerca de 120 trabajadores. La gran mayoría arquitectos, psicólogos, ingenieros y asistentes sociales. Todos son profesionales de excelencia y altamente comprometidos con el rol social que desempeña la fundación, más aún durante la crisis de vivienda que vive Chile. Hoy, lamentablemente, la fundación está operando con el mínimo operacional, que son unas 10 personas”, detallan a EL DÍNAMO.

En la interna, el ánimo generalizado es de frustración y pena. Según una fuente vinculada a la organización, “los proyectos terminaron cerrando no por la calidad profesional de los trabajadores o por el trabajo en sí, sino por temas externos, políticos. Hay una sensación de harta injusticia y tristeza por sentir que las cosas se estaban desmoronando por factores externos”. Sobre el futuro, la misma persona sostiene que existe incertidumbre entre quienes integran la fundación.

“Los sueldos, en vez de pagarse el 31 de cada mes, se pagaban hasta el 5 del siguiente. Durante el verano sí hubo un retraso de dos o tres días en los pagos, pero se pagó después de esos días”, agrega.

El impacto del destape del caso Democracia Viva y los convenios

Desde la fundación ―que recibió su personalidad jurídica en 2009― reconocen que “nunca dimensionamos que el caso de Democracia Viva iba a impactar en la confianza, la legitimidad y el trabajo que ―en el caso de Urbanismo Social― llevábamos desplegando con el Minvu por más de 16 años y en cuatro gobiernos distintos”.

Asimismo, señalan que “el Estado ha detectado organizaciones que han transgredido la legalidad, a las que legítimamente se les ha eliminado su personalidad jurídica o sometido a proceso. Sin embargo, se trata de sólo siete de las 53 fundaciones investigadas”.

“Las 46 restantes ―las serias, que llevan años colaborando en la emergencia habitacional― estamos viviendo los efectos legales, reputacionales y financieros de un sistema que ejecutó mal el Estado. El propio Estado ahora lo está destruyendo desde sus bases, sin pagar, sin reconocer deudas y exigiendo la devolución de todos los fondos adjudicados en proyectos ya ejecutados en su totalidad”, alegan.

Pero, además plantean que el cuestionamiento a las fundaciones ha generado “una crisis de proporciones” en la sociedad civil. “En las últimas encuestas la legitimidad del llamado tercer sector ha bajado más de 20 puntos. Eso ―además― hace muy difícil el levantamiento de proyectos o fondos privados”, lamentan.