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3 de Junio de 2024

Los argumentos jurídicos que desbarataron la tesis de la persecución política y dejaron a Daniel Jadue en prisión preventiva

Este lunes 3 de junio, el Tribunal ordenó la prisión preventiva para el alcalde de Recoleta, quien es acusado de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal en el marco del caso Farmacias Populares.

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Daniel Jadue prisión preventiva Se determinó un plazo investigativo de 120 días. AGENCIA UNO.
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Después de tres días de formalización, el Tribunal dio a conocer la medida cautelar del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, a quien se le imputan los delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).

Antes de comenzar con la lectura de sentencia, la jueza Paulina Moya expuso: “Esta juez desea advertir expresamente que conforme al principio de imparcialidad que rige la función jurisdiccional, este tribunal no toma en cuenta filiaciones ni ideologías políticas para tomar su decisión“.

Tras detallar las acusaciones por parte del Ministerio Público y los querellantes contra Daniel Jadue, la magistrada sostuvo que, considerando la cantidad de delitos y sus penas respectivas, su libertad representa un “peligro para la seguridad de la sociedad”.

Debido a lo anterior, Moya ordenó prisión preventiva para el jefe comunal de Recoleta, quien fue trasladado al Anexo Penitenciario Capitán Yáber.

La génesis del caso Farmacias Populares

El caso se remonta a 2016 con la creación de las farmacias populares por parte de la Municipalidad de Recoleta y la Achifarp, cuya asociación era liderada por Jadue y ofrecía medicamentos a un precio más económico.

Bajo este contexto, la empresa Best Quality, que proveía de algunos insumos a la mencionada organización, acusó al jefe comunal de Recoleta de los delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa, administración desleal y ocultamiento de bienes. De este modo, la compañía se querelló en 2020, marcando el punto de partida de la causa.

Tras varios meses de investigación, durante la semana pasada se llevó a cabo la formalización a Jadue, donde la fiscal Giovanna Herrera, de la Fiscalía Centro Norte, entregó una extensa acusación en contra de él y otros siete imputados relacionados en la causa. De acuerdo al Ministerio Público, el perjuicio sería de más de mil millones de pesos.

Fraude al Fisco y defraudación a la Municipalidad de Recoleta

En la audiencia, la fiscal especializada en delitos económicos entregó detalles sobre el presunto fraude al Fisco de Jadue. En este sentido, el 12 de junio de 2020 se habría llevado a cabo la primera operación respecto del presunto delito, cuando la Achifarp celebró un Convenio de Colaboración en Proyecto de Desarrollo con la Universidad de Concepción.

Este acuerdo lo firmó el alcalde y el rector de la casa de estudios, Carlos Saavedra, con el objetivo de desarrollar un ensayo clínico y fabricar 180.000 dosis del medicamento Interferón, para utilizarlo como tratamiento de la pandemia del COVID-19.

Bajo este contexto, el jefe comunal comprometió el pago de $229.789.200. No obstante, el Instituto de Salud Pública (ISP) no autorizó a la casa de estudios la elaboración del mencionado medicamento.

Tras ello, se solicitó un aporte extraordinario, el cual fue aprobado por el Concejo Municipal de Recoleta. Daniel Jadue, sabiendo que el proyecto no contaba con la autorización para la confección del Interferón, “entregó información falsa al Concejo Municipal de Recoleta con el objeto de que autorizaran la entrega del aporte extraordinario solicitado por Achifarp, afirmando que se habían concedido todos los permisos por parte del ISP para producción de las dosis del medicamento interferón”, expuso la fiscal.

Sin embargo, dicho dinero habría sido utilizado para pagar millonarias deudas de la Achifarp.

Nunca entregó los medicamentos, compraban más caro de lo que compraba el mercado, compraban a sus amigos“, aseguró la persecutora, quien también acusó que desnaturalizó la institución “para sus propios fines personales, para sus propios programas, ideas, intereses, para comprar los medicamentos que ellos querían aparecer ante la ciudadanía para solucionar problemas”.

De esta forma, Herrera apuntó a la existencia de un móvil electoral y a la realización de “maniobras defraudatorias en su propio municipio“.

Presunto cohecho

En cuanto al presunto delito de cohecho, en una reunión con la empresa Best Quality el 1 de julio de 2020, el alcalde de Recoleta les habría les habría solicitado un “bono” adicional de productos para dejarlos como “proveedores estrella” de la asociación de farmacias. En detalle, habría recibido un monto total de $17.400.000.

Durante la negociación de la compra de insumos a esa empresa, le solicitó un beneficio económico como bonificación a cambio de concretar el negocio, consistente en una donación de productos”, relató el fiscal Xavier Armendáriz.

De este modo, en ese mismo día se ejecutó el pago de la mercadería y se entregó en las dependencias del partido político al que pertenece el alcalde de Recoleta. En concreto, proporcionaron “100 bidones de alcohol gel de 5 litros, 2.000 pecheras desechables, guantes de vinilo, aproximadamente 40.000 unidades, y 500 cajas de mascarillas de tres pliegues, aproximadamente 25.000 unidades, todo esto avaluado en cerca de 20 millones de pesos“, aseguró Armedáriz.

Tras las presentaciones del Ministerio Público y los querellantes, el Tribunal decretó prisión preventiva para Daniel Jadue y un plazo de investigación de 120 días.

Descartan persecución política

El fiscal jefe de la Fiscalía Centro Norte, Xavier Armendáriz, además de valorar la decisión del tribunal dejó en claro que “el Ministerio Público imputa sobre la base de antecedentes, no teniendo presente quién o qué característica, qué ideología, a qué trabajo, a qué institución pertenece”.

En esa misma línea, aseveró que “nuestra función por el Estado de Derecho en Chile respecto de lo que es persecución penal y pido que hubiera comprensión en eso. Se me preguntaba por qué permanentemente el alcalde y la defensa han planteado que había una persecución política en su contra. La defensa tiene el derecho de recurrir contra esta resolución y tiene cinco días para ello”.

“Nosotros consideramos, y creo que así en la instancia procesal que estamos, es que hemos llevado adelante una persecución seria, responsable y basada en antecedentes. Y esperamos que esto se mantenga como secuela del procedimiento. La resolución de la jueza es contundente, tiene una argumentación y lo cierto es que la vamos a mirar con detalle”, añadió.

Este artículo informa sobre un proceso judicial en curso, por lo que las personas identificadas como detenidas o imputadas no se deben considerar culpables ni ser tratadas como tal mientras no sean condenadas por una sentencia firme.(Artículo 4 del Código Procesal Penal).
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