Bajar el aporte fiscal a candidatos y partidos por cada voto en elecciones: así es el proyecto que podría reformar el financiamiento electoral

Cuando el reloj marque las 17:00 horas del próximo 1 de julio, la diputada Catalina Pérez (suspendida de RD) presentará ante la sala de la Cámara de Diputados el proyecto de ley que busca que las elecciones municipales y regionales del 27 de octubre se realicen en dos días. La iniciativa incluye, además, una serie de medidas que modifican aspectos del sistema electoral.

Pocos minutos antes ―entre las 15:30 y las 16:15 horas―, la propuesta legislativa pasará por la Comisión de Hacienda de la Corporación, que lidera el independiente Carlos Bianchi. Ahí, según sus integrantes, lo más probable es que resulte aprobada en su totalidad, y salga de la instancia tal como la despachó la Comisión de Gobierno Interior el pasado 19 de junio. “Eso está listo. Está aprobado”, dice un parlamentario a EL DÍNAMO.

En la sala, en cambio, el escenario podría ser distinto. Y es que hay un punto que divide las aguas en el Parlamento. Se trata de la indicación presentada recientemente por el Gobierno, que tiene como objetivo reducir el monto del reembolso fiscal que reciben los candidatos y partidos políticos por los votos obtenidos en las elecciones.

Esto, porque desde el Ejecutivo proyectan que, dado el retorno del voto obligatorio ―que debutará oficialmente en los comicios de octubre―, el desembolso del Estado superaría en más de $30 mil millones al promedio de las elecciones con voto voluntario. Una cifra que, para el diputado Miguel Mellado (RN), resulta “estratosférica para los tiempos que vivimos”.

En diálogo con EL DÍNAMO, Mellado ―que integra la Comisión de Hacienda― plantea que el objetivo es que “el resarcirse por los votos recibidos no se transforme en un negocio. La idea es resarcir los gastos que te dieron a plazo, de acuerdo a los votos que sacaste”.

Ante esto, las bancadas dieron libertad de acción a sus diputados, lo que podría generar una mayor dispersión de votos, tanto en el oficialismo como en la oposición. A eso se suma que, por ser una norma de quórum especial, deberá contar con el apoyo de al menos 78 parlamentarios. En el Senado, en tanto, el umbral mínimo será de 29 miembros de la Cámara Alta.

La propuesta del Gobierno para la devolución de dineros por votos

Fue el pasado 9 de abril que el Gobierno, a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), ingresó al Senado el proyecto que, entre otras normas, modifica la ley orgánica de Transparencia, Límite y Control del Gasto.

Así, la propuesta del Ejecutivo establece, en primer lugar, que antes del día de la elección, los candidatos informen al Servicio Electoral (Servel) los gastos y contratos que realicen. Esto, con el fin de agilizar los trámites ante el organismo. Además, plantea que “la cuenta general de ingresos y gastos sólo podrá contener como gastos aquellos que fueron informados” al Servel. “Cualquier gasto no informado dentro de la fecha señalada producirá su rechazo y no podrá ser considerado en la cuenta”, sostiene.

En tanto, en relación a la devolución de fondos por votos, la iniciativa plantea que el reembolso para cada candidato ―salvo en segundas vueltas presidenciales y de gobernadores― baje de las actuales 0,04 UF ―unos $1.500― a 0,026 UF ―cerca de $975―. Por su parte, el Gobierno propone que la devolución para los partidos políticos pase de 0,015 UF ―$560― a 0,01 UF ―$375―.

En el caso del aporte a las fuerzas políticas que realiza anualmente el Servel, la norma también aboga por disminuir desde $1.500 a $975 por cada elector. Asimismo, el proyecto plantea una caída del anticipo a los partidos, de 0,02 UF ―$750― a 0,013 UF ―$488―.

La devolución por los votos en las segundas vueltas presidenciales podría bajar de $375 a $244, y en el balotaje de gobernadores regionales, la cifra pasaría de $187 a $112, en caso de aprobarse la reforma que tramita el Congreso.

Las razones del cambio en la devolución de dineros tras las elecciones a candidatos y partidos políticos

El sociólogo y director de estudios de TuInfluyes.com, Axel Callís, explica que “cuando se hizo la ley electoral original, se calculó en base al voto voluntario. El voto voluntario tenía ciertos flujos de participación y, por ende, de devolución en UF, que no contemplaban ni la inflación ni el paso al voto obligatorio”.

En conversación con EL DÍNAMO, Callís sostiene que “es absolutamente justo readecuar los valores a la participación probable que habrá en las próximas elecciones”.

A juicio del experto electoral, esto “afectará poco” a los partidos políticos, porque “normalmente la devolución es a los candidatos que logran acreditar el gasto en campaña. Los partidos políticos reciben una parte muy pequeña de los compromisos que tienen”. Los que sí son perjudicados, plantea, “son los candidatos a concejales y consejeros regionales”, además de los “partidos más chicos”.

Pero, según Axel Callís, la regulación tiene un problema: “Esto mantiene la posibilidad de que las personas, sobre todo en los cargos uninominales, se sigan presentando. Por ejemplo, si yo soy candidato independiente a gobernador, me va a ser útil que el Estado me financie aquellos gastos que voy a hacer […]. Lo más probable es que eso me incentive a volver a ser candidato”.

“Puede generar más fragmentación y más desorden, por ejemplo entre gobernadores y alcaldes. Por lo tanto, va a costar mucho más ponerse de acuerdo. Es decir, la gobernabilidad no va a ser beneficiada. Además, el sistema no discrimina entre independientes y partidos. Lo que pasa ahora es que varios gobernadores y alcaldes ocupan a los partidos, renuncian a ellos, los chantajean, y van por fuera, con incentivos. Entonces, hay que revisar el sistema de incentivos que existen en el sistema político”, cuestiona.

En ese sentido, entre los aspectos a tener en cuenta, para Callís, está sin duda el aporte que el Estado le realiza a los candidatos independientes. Asimismo, el especialista señala que la devolución de dineros por votos debe ser “de todas formas” una materia a evaluar en la futura reforma al sistema político.